Columna
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Violencia escolar

Con ocasión del 25º aniversario de CC OO en la enseñanza andaluza, Fernando Savater ha venido a Sevilla a pronunciar una conferencia en la que, dando por hecho la dificultad de acabar con la violencia escolar y contando además con que la autoridad de los maestros está en crisis, propuso la solución de formar a alumnos para ejercer como mediadores entre compañeros y profesores, tal como se hace en Cataluña. No dudo que allí funcione, entre otras cosas porque me creo casi todo lo que dice Savater, pero, a primera vista y desde estas latitudes, no parece que sea empresa fácil. Además, habría que prepararlos también para que mediaran en la violencia que se produce entre los propios alumnos e incluso en la que se produce entre los padres de los alumnos y el profesorado. Contando con personas especializadas en esa labor, quizá no fuera mucho más difícil preparar a los alumnos que ejercen la violencia para el diálogo y la paz. También habría que pensar en ceder a los maestros o profesores algo, por poco que sea, de esa "relativa coacción" -palabras del profesor Savater- que les permita ejercer un poco de autoridad.

Que haya niños conflictivos no es nada nuevo; de hecho tienen ayudas especiales en los propios colegios, pero hay centros con más conflictos que otros, y casi siempre suelen coincidir con los barrios marginados, esos barrios que nos parecen de otro planeta; en donde es fácil imaginar que muchos alumnos no estén motivados para la enseñanza reglamentaria. Y como esos barrios pertenecen a la ciudad y la ciudad a todos sus ciudadanos, pues no comprendo por qué tienen que ser unos maestros, a quienes las reglas administrativas destinan a esos centros, los que carguen con la responsabilidad del conflicto infantil que allí se genera y que a todos nos atañe. Si no somos capaces de solucionar los problemas de los barrios marginados, sí podríamos destinar allí a maestros especialmente preparados para ello, con menos alumnos que en otros centros y un sueldo adecuado a su preparación.

No es sólo cuestión de justicia para los maestros y de justicia social para los alumnos, sino que además redundaría en nuestro propio interés, en el de todos los ciudadanos. Una esperanza son las 4.500 plazas que convoca la Consejería de Educación; demuestra una voluntad y puede ser un comienzo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del lunes, 03 de febrero de 2003.