IU denuncia que Zaplana dio un contrato a la empresa del ex portavoz del Gobierno

Izquierda Unida anunció ayer que presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado porque, según su líder, Gaspar Llamazares, el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, ha adjudicado "a dedo" un contrato de 7,2 millones de euros a Carat, la empresa publicitaria que preside Miguel Ángel Rodríguez, ex portavoz del Gobierno. Zaplana y Rodríguez negaron que haya habido "la menor irregularidad o ilegalidad" en la adjudicación de la campaña, dedicada a subrayar que las pensiones se han actualizado -como marca la ley- por la desviación del IPC.

"No es verdad que se haya adjudicado la campaña a dedo. Se ha seguido el procedimiento previsto en el artículo 210.c de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas", aseguró ayer Zaplana tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros al ser preguntado por la denuncia de Llamazares sobre el contrato con Carat. El artículo 210 regula los contratos que se adjudican sin concurso y por el procedimiento "negociado". El apartado c) establece que debe ser "en casos excepcionales, cuando se trate de contratos cuya naturaleza o riesgos no permitan determinar previamente el precio global".

El Ministerio de Trabajo remitió a este diario el informe técnico de valoración del concurso con el visto bueno de la Intervención General del Estado. Además de Carat España, la empresa presidida por Rodríguez, presentaron solicitudes las sociedades Estrategias Creativas, McCann-Erickson, Eureka y Vitrubio-Leo Burnet, y anunció que competiría pero no llegó a hacerlo Overmarketing Comunicación. Todas ellas son empresas muy conocidas en el sector de la publicidad.

Rodríguez, en conversación telefónica con este periódico, enfatizó la total "transparencia y limpieza" de la adjudicación. "Carat es la primera multinacional española y europea y, en cuatro años, éste es el primer contrato de la Administración que consigue", explicó. "Somos independientes y transparentes. Carat cotiza en la Bolsa de Londres".

Rodríguez se mostró dispuesto a que la empresa que preside se someta a una auditoría y pidió el mismo trato para otras compañías que han conseguido contratos de la Administración en los últimos tres años. A su juicio, la denuncia efectuada ayer por el líder de IU responde a "una guerra empresarial".

Zaplana, mientras, defendió que el Gobierno "ha cumplido escrupulosamente todos los trámites legales". El informe técnico de Trabajo consideró que el lema "dicho y hecho"era el más eficaz. Y es el que domina en los anuncios sobre la actualización de las pensiones, obligada por ley cuando la inflación sube más de lo previsto. "Parece la campaña con la que el ciudadano pueda identificarse más".

El coste, además, era muy similar en las cinco ofertas, 1.198 millones de las antiguas pesetas. El año pasado, el entonces ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, sólo se gastó en informar del ajuste previsto por la ley lo que cuesta enviar una carta a cada pensionista.