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La sindicalista de Cádiz que fue apaleada dice que no creía tener "enemigos tan salvajes"

"Pensé que iba a morir cuando un cuchillo me pinchó la barriga", afirma Carrero

La presidenta de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Cádiz, Rosario Carrero, fue hospitalizada el jueves de la semana pasada tras recibir una brutal paliza en su domicilio por dos encapuchados que le golpearon con un palo y un cuchillo. La agresión se produjo 24 horas después de que denunciase ser víctima de una "campaña de hostigamiento" de CC OO y una "persecución" por parte de la intervención municipal, que informó de anomalías en las cuentas del fondo social que dirige Carrero al detectar gastos sin justificar por un valor de 54.000 euros.

En una entrevista concedida ayer a EL PAÍS, Carrero detalló cómo se recupera todavía de los numerosos golpes que recibió y heridas que le causaron sus dos agresores. "Tengo numerosos chichones en la cabeza, un hematoma en el ojo, un oído inflamado que puede tener afectado el tímpano, una costilla fisurada, y numerosos cortes en los antebrazos, barriga y piernas", detalla. Pero el mayor impacto ha sido psíquico: "Estoy más afectada anímica y psicológicamente".

Le cuesta revivir la agresión, pero recuerda cómo a las siete y media de la tarde abrió la puerta de su casa y dos hombres vestidos de oscuro se abalanzaron sobre ella y le golpearon reiteradamente en la cabeza "con un objeto contundente envuelto en un paño de color celeste". "Me arrojaron al cuarto de baño. Intenté defenderme con patadas y arañazos, pero me arrastraron al salón, me llamaron puta, me quemaron las botas en la chimenea", relata con la voz entrecortada, sumida en la emoción. Le introdujeron la cabeza en el fregadero de la cocina, le insultaron, le cortaron mechones de pelo, le amenazaron con matarla si se presentaba de nuevo a las elecciones sindicales y le causaron numerosos cortes.

"Uno de los hombres vino de la cocina con dos cuchillos de grandes dimensiones y me produjo 19 cortes en un antebrazo y ocho en el otro. El pantalón lo rajaron entero y en una pierna me produjeron una herida muy profunda", afirma.

La agonía y la angustia alcanzó, según narra, "cotas indescriptibles", hasta el punto de que llegó a temer por su vida cuando "una de las veces, uno de los agresores me atravesó la ropa con un cuchillo y me produjo un pinchazo en la barriga". "En ese momento, desistí de luchar y creí que iba a morir y pensé que iba a perder la vida", relata. Cuando esta sindicalista recuperó la conciencia, un policía local estaba atendiéndola, aunque su primera reacción fue de agredirle al pensar que era uno de los asaltantes que habían vuelto.

Nunca pudo imaginar que iba a ser víctima de una agresión tan brutal. "Tengo mis discrepancias sindicales y políticas pero nunca pensé que pudiera haber personas tan salvajes como las que entraron en mi casa aquella noche. Nunca pude pensar que tuviera un enemigo que se ensañara de esa forma conmigo", confiesa Rosario Carrero, quien no tiene sospechas de quienes fueron los agresores y qué subyace bajo la paliza que recibió, pero se "inclina" a que hayan sido "matones o profesionales enviados por alguien". Eso sí, dice extrañarle que, a primera hora de la mañana del viernes, algunos sindicalistas municipales conocieron la agresión "cuando sólo lo podían saber algunos familiares muy cercanos".

Dos pruebas

Además de su testimonio, ha aportado dos pruebas a la investigación. "Uno de los agresores tenía barba canosa muy bien recortada (...) y la grabación de una llamada de mi teléfono móvil que pude activar en un momento de la agresión", explica. Lamenta el "nulo apoyo" recibido desde el gobierno local, del Partido Popular, desde la agresión, aunque en las últimas horas ha recibido la llamada de tres concejales populares.

Y pide a la alcaldesa, Teófila Martínez, también presidenta del PP andaluz, que envíe "si es inteligente y lo cree oportuno" al Tribunal de Cuentas el informe de la intervención municipal para que se demuestre que como presidenta de la Junta de Personal justificó todos los gastos del fondo social y que se "produjeron numerosas arbitrariedades e irregularidades por parte del interventor". Los documentos que justifican estos gastos siguen en su poder porque no fueron robados por los agresores.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 31 de enero de 2003