El PP de La Vila delega en el urbanizador el desarrollo de la ciudad en contra de los vecinos

El Ayuntamiento de La Vila Joiosa, gobernado por el PP con mayoría absoluta, ha dejado en manos de la figura del agente urbanizador el desarrollo futuro de su entramado urbano, en especial en la franja litoral. El PP contempla aprobar unos 32 planes parciales, algunos de los cuales, aprovechando la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), que amenazan a centenares de propietarios de fincas y viviendas. El equipo de gobierno aprobará hoy otros cuatro planes. Vecinos y oposición -PSPV y Bloc- denuncian la "indefensión" de los propietarios.

El PP llevará hoy a la comisión informativa de Urbanismo del Ayuntamiento de La Vila la aprobación para tratar en el pleno de la próxima semana cuatro nuevos planes parciales urbanos. Son los conocidos como PP 8 (Gasparot) PP 3 (Almàssera de Tonda) PP 28 (Cala 2) y el PP 23 (Cala). Durante los últimos meses el Ayuntamiento ha tramitado y adjudicado a agentes urbanizadores privados varios planes de estas características. Entre éstos, los más problemáticos y polémicos, por el elevado número de personas afectadas, son los planes de La Almadraba, Barberes Sud, Secanet y Gasparot, según denunciaron ayer los representantes del PSPV y Bloc. Oposición y gobierno municipal coinciden en la necesidad de facilitar el desarrollo urbanístico de la localidad. Sin embargo, discrepan en la manera de actuar y en la aplicación de la controvertida LRAU.

Gaspar Lloret, concejal del PSPV en La Vila, detecta "excesivas prisas" en la aprobación de estos planes que dejan indefensos a centenares de propietarios. El alcalde, José Miguel Llorca, del PP, amparándose en la LRAU, deja en manos del agente urbanizador privado la ejecución de estos proyectos urbanísticos. Según la legislación valenciana, los intereses y criterios del agente priman sobre los de los propietarios. "Es una situación lamentable y triste sobre todo en los casos en los que hay viviendas históricas que ocupan personas mayores y se sienten amenazadas porque llega el agente urbanizador y les dice que se les tirará la casa o que les expropiará el terreno", aseguró ayer Lloret.

Los socialistas consideran una "barbaridad" la política urbanística del PP en esta localidad turística que tiene 14 kilómetros de franja en el litoral y en la que dos terceras partes de su territorio del término muncipal está declarado como no urbanizable. Magdalena Soler, concejal del Bloc, reconoce que algunos de estos planes eran necesarios, pero aquellos que plantean un crecimiento desmesurado e incontrolado de la población se deberían haber consensuado. "No es justo que personas que pagan impuestos, tienen luz y agua y que ocupan su casa se enfrenten ahora a las amenazas del agente urbanizador", comentó Soler, "la gente estoy segura que quiere pagar, pero no que le derriben su vivienda". Uno de estos planes, según la oposición, derribará tres conocidos cámpings que ocupan cada verano cerca de 2.000 turistas. Este periódico intentó ayer sin éxito conocer la opinión del alcalde, así como del concejal de Urbanismo, Amadeo Sánchez, del PP.