El Superior ve "evidente intención de lucro" en el ex director del aeropuerto de Bilbao

El Tribunal Superior vasco ha apreciado una "evidente intencionalidad de lucro personal" en el ex director del aeropuerto de Bilbao, Segismundo López-Santacruz, quien es investigado por graves irregularidades en su gestión entre 1997 y 2001. Una sentencia de la Sala de lo Social del tribunal ha confirmado que el despido de López-Santacruz fue "procedente", como dictaminó un juzgado laboral en febrero pasado. La sentencia considera probadas medio centenar de irregularidades "que se traducen en pérdidas económicas cuantiosas" para la empresa pública AENA.

El ex director del aeródromo, que se enfrenta todavía en la vía penal a una acusación por presuntos delitos de estafa, malversación de caudales públicos y falsificación de documentos, ya ha recibido dos varapalos judiciales. Primero fue el fallo del Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao, que consideró legal su despido, acordado por AENA el 27 de febrero de 2001 tras las conclusiones de una auditoría interna que constató graves anomalías en su gestión.

Aquel fallo detallaba adjudicaciones de obras sin tener en cuenta otras ofertas, las concesiones a dedo de locales comerciales en la nueva terminal de Loiu, la existencia de trabajos sin justificar y la liquidación de obras con defectos de ejecución, así como el "lucro desmedido" obtenido con el alquiler de una vivienda que costeaba el ente gestor de los aeropuertos y cuyos ingresos iban a parar a la madre del ex director.

El fallo fue recurrido por el afectado y ahora la Sala de lo Social del Superior ha confirmado aquellas conclusiones. Esta resolución, dictada el pasado 10 de septiembre, rechaza los argumentos de prescripción e indefensión alegados por la defensa de López-Santacruz.

Una veintena de anomalías

El Superior señala que las faltas que se imputan al ex director no son una "actuación única", sino que reflejan "un comportamiento continuo" y cita una veintena de irregularidades, como "manipulación de expedientes", "falta de concurrencia en las contrataciones", adjudicaciones sin "constitución efectiva de la mesa de contratación", "adjudicación de explotaciones comerciales y servicios del aeropuerto a empresas que carecían de los requisitos técnicos requeridos en los pliegos de bases" o la "recepción y liquidación de obras con defectos de ejecución que suponían enormes sumas por incompleta realización de partidas".

Por ello, el Superior constata una "permanente, constante y continuada transgresión de las más mínimas reglas técnicas, jurídicas y éticas". A juicio de los magistrados, López-Santacruz actuó con "evidente intencionalidad de ocultación y lucro personal" y califica de "llamativo el elevadísimo número de contratos" en los que el director despedido "elabora los proyectos y los cobra" a AENA "a precios desorbitadamente superiores a los de mercado".

Por ello, el máximo tribunal vasco desestima el recurso de la defensa de López-Santacruz, que puede ahora recurrir al Supremo, y confirma la resolución del juzgado laboral "en todos sus términos".

La auditoría interna de AENA destapó que el ex director adjudicó a dedo obras por valor de 5,4 millones de euros a un solo constructor, el abono de 400.000 euros por trabajos no ejecutados y la obtención de beneficios de hasta 100.000 euros con la operación del pago a su madre del alquiler de la vivienda que sufragaba AENA.

Pese a que tanto el juzgado como el Superior han constatado estas irregularidades al estudiar un asunto laboral, las diligencias por la vía penal son las que deben enjuiciar los presuntos delitos cometidos por el ex director del aeropuerto bilbaíno. Ahora el caso está paralizado por el nuevo cambio de titular en el Juzgado de Instrucción número 7 de Bilbao, encargado del sumario, por el que han pasado ya tres jueces.

El anterior juez dictó una providencia en octubre en la que ampliaba la imputación del ex director a su esposa, Laura Hernández, y su madre, Ángeles Pérez. El juez apuntaba en el escrito los documentos que figuran en las diligencias sobre los movimientos de cuentas de los tres imputados en diferentes entidades bancarias. Según fuentes judiciales, estos documentos reflejan ingresos de más de medio millón de euros, realizados entre 1998 y 2000, cuyo origen no se refleja en los extractos.