El PSPV exige a Alperi a través de notario que responda por el desfalco en Mercalicante
El alcalde deniega un pleno sobre las conclusiones de la comisión de investigación
Los socialistas de Alicante exhibieron ayer la Ley de Sociedades para exigir que los administradores de Mercalicante -el alcalde, Luis Díaz Alperi, y cuatro miembros de su comisión ejecutiva- respondan frente a la sociedad, frente a los accionistas y frente a los acreedores sociales del daño causado a esta empresa. Ésta quedó en situación de quiebra técnica tras esfumarse de sus arcas unos seis millones de euros. Una consejera socialista en Mercalicante ha enviado un requerimiento notarial al alcalde para que convoque un consejo y responda del daño causado a la firma.
El grupo socialista del Ayuntamiento inició ayer el trámite para pedir responsabilidad civil a los admnistradores de Mercalicante. La consejera de esta sociedad por el PSPV, María Dolores Rodríguez, ha pedido al consejo de administración de Mercalicante que convoque de forma urgente la junta general de accionistas "para que tome decisiones acerca de las responsabilidades de la comisión ejecutiva en la situación caótica" de la sociedad. La consejera explicó que el último consejo de administración se celebró en diciembre y todavía no se ha convocado el de enero, a pesar de lo que ha ocurrido en esta empresa de capital público.
El portavoz del grupo socialista, Blas Bernal, recordó que desde que se inició el proceso de Mercalicante su grupo ha pedido responsabilidades políticas. Pero los responsables de la empresa, del PP, "lo único que han hecho es agachar la cabeza, meterla bajo el ala y echar a correr", afirmó. El portavoz socialista explicó que uno de los objetivos de este pleno es exigir, mediante un acuerdo, un requerimiento notarial al presidente de Mercalicante, Luis Díaz Alperi, para que convoque la junta general de accionistas y que ésta, a su vez, "exija la responsabilidad civil y social a aquéllos que han llevado a la sociedad a esta situación".
Los socialistas se aferran a los artículos 133 y 134 de la Ley de Sociedades Anónimas para pedir cuentas a los miembros de la comisión ejecutiva de Mercalicante que, presidida por el alcalde, está integrada por los concejales del PP Juan Zaragoza y José María Rodríguez Galant y por dos ejecutivos de Mercasa, sociedad del Ministerio de Agricultura que participa en Mercalicante con un 48,3% de las acciones.
El artículo 133 de la mentada ley estipula que los administradores responderán frente a la sociedad, frente a los accionistas y frente a los acreedores sociales del daño que causen por actos contrarios a la norma o a los estatutos, o por los realizados sin la diligencia con la que deben desempeñar el cargo.
Por otro lado, Díaz Alperi, en una resolución sin precedentes en el Consistorio alicantino, rechazó una solicitud de pleno extraordinario tramitada por nueve concejales socialistas, para abordar las conclusiones de la comisión de investigación de Mercalicante. Los socialistas impugnarán la resolución.
Harinas y Agua Amarga
Esquerra Unida (EU) denunció ayer un doble rasero del PP en Alicante a la hora de compensar a propietarios por el desmantelamiento de sus industrias. Camino Remiro, portavoz municipal de EU, recordó cómo y a qué precios se expropiaron varios negocios en el plan parcial de Agua Amarga, donde la Administración construye la Ciudad de la Luz. Y vinculó estas expropiaciones al "regalo" que ha hecho el alcalde, Luis Díaz Alperi, a dos empresarios del plan parcial Benalúa Sur para que desmantelen sus industrias de harina. Díaz Alperi se reafirmó ayer en que "de ninguna manera" el Gobierno local va a reconsiderar la cesión de los terrenos a los industriales. El alcalde de Alicante explicó que "lo que se ha dado son 1.300 metros cuadrados de suelo, que permiten una construcción de 10.200 metros cuadrados, que vienen a suponer unas 80 viviendas". Apuntó que la repercusión por vivienda es "del orden de 54.000 euros". Y agregó que la indemnización "se tiene que dar obligatoriamente a los dueños de las fábricas".
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