Cruzada contra las clínicas 'piratas'

Hasta 300 clínicas y consultas, según una estimación del Colegio de Médicos de Valencia, diagnostican, realizan tratamientos y curas o prescriben compuestos -farmacéuticos u otros ajenos a toda supervisión de las autoridades sanitarias- sin que la Consejería de Sanidad sepa de su existencia. En estos centros piratas se encuentran personas que no han puesto jamás un pie en una facultad de medicina y que carecen de formación sanitaria homologada. Y son lugares donde los pacientes son atendidos en locales que no se ajustan a las mínimas normativas sanitarias.

El presidente del colegio, Vicente Alapont, que describió ayer esta situación, puso el ejemplo del Consejo General de los Colegios de Médicos Naturistas de España, una entidad que previo pago de un curso de unos 360 euros expide un certificado de médico, del que se sirven algunos para ejercer la profesion como si fueran licenciados.

Para combatir este escenario el colegio valenciano, junto con la Consejería de Sanidad, ha acordado poner en marcha un programa destinado a dar a conocer las clínicas valencianas que cumplen con las normas mínimas establecidas en la legislación y evitar el intrusismo en el sector, en un 80% de los casos encabezado por personas que atienden consultas de medicina natural. El acuerdo prevé que el colegio distribuya a las clínicas autorizadas por Sanidad unas placas que acrediten que ese centro o esa consulta se ajusta a las normativas. Además, se realizará una campaña publicitaria dirigida a concienciar a la población para que "sepa qué centros ofrecen garantías y cuáles no", como apuntó Alapont, quien señaló que la placa no será de instalación obligatoria.

Se trata de evitar las prácticas que suponen "no una competencia profesional, sino intrusismo puro y duro", a juicio de Alapont. Para ello, este programa servirá también de "puesta al día" para las clínicas valencianas que aún no se ajustan totalmente al decreto de 1987 por el que se establecía el marco normativo sobre autorización y registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios, y a la orden de mayo de 2002 que modifica este decreto y exige, entre otros, que las consultas serán de las "dimensiones adecuadas"; que no podrán compartir locales o zonas comunes con ninguna actividad comercial diferente; que deberán tener aseos integrados en el centro con lavamanos e inodoro, o que la plantilla será personal sanitario debidamente colegiado, entre otras.

El colegio confía en que de esta forma sean los pacientes quienes no acudan a los centros que no ofrezcan garantías y evitar así que los servicios de inspección -actualmente hay entre 25 y 30 clínicas denunciadas por intrusismo profesional- sean la única vía de hacer frente a esta situación.