La Junta regula el acceso a locales públicos "sin discriminación"
El Consejo de Gobierno aprobó ayer un decreto que regula el acceso a los establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas para eliminar los casos de discriminación por raza, sexo o aspecto físico. Según explicó el consejero de Gobernación, Alfonso Perales, la norma cambia de "manera radical" la filosofía del derecho de admisión con el fin de evitar la "arbitrariedad, abusos y caprichos" que establecen determinados propietarios de los locales, así como garantizar la entrada de las personas con carácter general y en las mismas condiciones.
Los empresarios sólo podrán cortar el paso en sus establecimientos a los consumidores cuando el aforo esté completo, el horario de cierre se haya superado, se manifiesten actitudes violentas o se presenten síntomas de haber consumido estupefacientes. No obstante, la norma permite fijar requisitos especiales de admisión como indumentaria concreta, prohibir entrar con comida, animales (salvo perros guías) o captar imágenes fotográficas si se ha solicitado previamente al ayuntamiento correspondiente y se cuenta con el informe favorable de la Delegación del Gobierno de la Junta.
Los precios distintos por sexo o raza están prohibidos y también la expedición de carnés o invitaciones, si no se trata de un club privado. El reglamento obliga a disponer de servicios de vigilancia y seguridad prestados exclusivamente por empresas registradas en el Ministerio del Interior, y con todos los requisitos legales, en locales con una capacidad superior a 300 personas. Los establecimientos de esparcimiento (salas de fiesta, discotecas o salones de celebraciones) deberán contar con vigilantes de seguridad independientemente de su aforo.
Talleres de vehículos
El Consejo de Gobierno aprobó otro decreto que ordena la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación y mantenimiento de automóviles.
Los talleres estarán obligados a ofrecer a sus clientes presupuestos gratuitos y claramente explicados que garanticen el buen funcionamiento del servicio técnico, la oferta de repuestos y el ajuste de los precios a la legalidad. "El objetivo es que los usuarios sean menos vulnerables al engaño", dijo Perales, quien explicó que la norma fija con precisión los derechos de los que demandan este tipo de servicio.
Según el decreto, no podrán cobrarse gastos de estancia del vehículo hasta pasados tres días de comunicar la reparación o los datos de la factura, y sólo si se encuentra en un local debidamente custodiado. En cuanto a las piezas de repuesto, se establece que únicamente podrán ser utilizadas en la reparación las originales de marca suministradas por el fabricante o aquellas otras fabricadas por empresas especializadas.
Por último, el Gobierno aprobó la creación de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, con rango de viceconsejería, que dirigirá Josefina Cruz Villalón, hasta ahora directora general de Urbanismo.
