La operación vulnera normas sobre suelo no urbanizable y bienes locales

Los convenios urbanísticos firmados por el Ayuntamiento de Alicante, que gobierna el PP con mayoría absoluta, y dos industriales mediante los cuales el consistorio cede suelo valorado en 15 millones por 900.000 euros vulneran la legislación urbanística y el reglamento de bienes locales, según expertos jurídicos consultados por este periódico.

En concreto, los dos acuerdos, aprobados por el pleno el pasado día 17, vulneran la Ley de Suelo no Urbanizable en su disposición número cuatro referida a convenios con finalidad urbanística. Ese artículo de la norma recoge que los convenios de estas características han de ir acompañados de un apartado expositivo en el que se justifique la conveniencia de la operación en función del interés general y del modelo y estrategia de ordenación del territorio, y, además, ser sometidos a información pública, por espacio de 15 días. "Los convenios no incluyen esos requisitos. Es decir no existe la justificación de interés general, y tampoco se ha procedido a su exposición al público antes de ser ratificados por el pleno", afirman los expertos. "Por tanto, son nulos de pleno", añaden.

Los acuerdos, además, infrigen el Reglamento de Bienes Locales en el apartado referido a la enajenación de patrimonio, en este caso, suelo. Según el reglamento, es obligatoria una valoración de suelo, la justifación de la enajenación y el destino de los recursos obtenidos. Todos estos extremos no figuran en los documentos, "y en base a ello también se puede propugnar su su nulidad", matizan los expertos.

Los tres grupos de la oposición -PSPV, EU y Mixto- han anunciado que recurrirán el acuerdo del pleno por las anomalías administrativas del expediente y "el oscurantismo de la operación". Los grupos han encargado a sus gabinetes jurídicos la elaboración de un estudio acerca de la legalidad de los convenios. El paso siguente de la operación será impugnar el acuerdo entre Alperi y los dos industriales, por la vía administrativa o ante los tribunales. "Esta insólita decisión de Díaz Alperi no puede quedar impune", coinciden los portavoces de los tres grupos de la oposición.