Economía quiere que las discotecas con más de 1.000 personas de aforo contraten vigilantes

Las discotecas cuyo aforo supere las 1.000 personas tendrán que contratar vigilantes pertenecientes a empresas de seguridad homologadas por el Ministerio del Interior. Así se establece en el borrador del futuro reglamento que desarrolla la Ley de Espectáculos de la Comunidad de Madrid y que negocian desde hace meses Gobierno y patronal. Si la vigilancia privada es obligatoria, los empresarios reclaman que el aforo sea "el más alto posible". Según el borrador del reglamento, los vigilantes podrán efectuar controles de identidad. La patronal Asfydis también pide que se pueda optar entre vigilantes privados o porteros en función del tipo de actividad de cada local.

En su capítulo quinto el borrador del futuro reglamento de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, promulgada en 1997, establece la obligatoriedad de contratar personal de vigilancia privada en los locales de ocio.

El personal de seguridad deberá pertenecer a una empresa homologada por el Ministerio del Interior, según se refleja en el documento. Entre sus funciones estará no sólo la vigilancia y protección del local, sino la de efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de los locales, pero sin que "en ningún caso" puedan retener la documentación de una persona. Los vigilantes también deberán ejercer el control del derecho de admisión.

El borrador introduce igualmente la obligación de los empresarios de presentar un plan de seguridad privada paralelo a la solicitud de licencia de funcionamiento que deben enviar a la Delegación del Gobierno y cuyo informe será vinculante a la hora de emitir el permiso.

El plan de seguridad privada deberá incluir, además, una memoria descriptiva en la que se explique el número de vigilantes y el contrato suscrito con la empresa de seguridad. En este aspecto, según Alberto García Morell, presidente de la Asociación de Empresarios de Espectáculos, Salas de Fiestas, Discotecas y Ocio de la Comunidad de Madrid (Asfydis), la negociación se centra en fijar tal requerimiento sólo en los casos en los que el aforo "sea muy grande".

Libertad de elección

Los empresarios, explica García Morell, defienden que cada propietario pueda elegir entre contratar los servicios de un portero o de un vigilante jurado en función del tipo de actividad que ejerza. Y si se impone la obligación de contratar vigilantes privados, afirma el presidente de Asfydis, "que sea en los aforos lo más grandes posibles". La directora general de Turismo, Teresa Caramé, de cuya área depende la redacción del reglamento, declinó comentar el borrador.

En términos generales el proyecto de Economía extiende la obligación de contar con vigilantes jurado tanto en bares como en discotecas y otros establecimientos de ocio, pero en el mismo capítulo hace la salvedad de que, "por petición de la empresa", la Comunidad "podrá dispensar" la implantación de seguridad privada en aforos inferiores a 1.000 personas y sólo si se acredita que queda asegurado "el buen orden en el desarrollo de la actividad del local". Es en este punto donde se centran las negociaciones entre patronal y Gobierno. En opinión de Juan Antonio Fernández Pereiro, el gerente de Asfydis, en los locales cuyas instalaciones no superan las 1.000 personas de aforo no se hace necesaria la presencia de vigilantes. De hecho, la patronal apuesta por la figura del portero, a la que pretende "prestigiar" ante los usuarios tras los incidentes violentos en los que se han visto implicados algunos de ellos. "Nosotros acabamos de firmar un acuerdo con la Consejería de Trabajo para formar a estas personas [los porteros] y creemos que eso hace innecesario acudir a la vigilancia privada. Pero si el dueño de una sala muy grande decide optar por vigilantes, eso es aceptable".

El presidente de la Asociación Nacional de Porteros, Rafael de Castro, destaca como "positivo" el hecho de que en el proyecto se diferencie entre las funciones de vigilantes y porteros y se obligue a los establecimientos a disponer de este servicio.

En el borrador del reglamento también se incluye el derecho de admisión, que como novedad introduce la obligación de los propietarios de establecimientos de ocio de comunicar a sus respectivos ayuntamientos el contenido de éste.