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COLUMNA

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Hacía años que el puerto de Valencia no atravesaba por una situación tan tensa, a causa de la previsible ley de puertos que prepara el Gobierno y donde está prevista, de acuerdo con la normativa de la Unión Europea, la liberalización de la carga y descarga de buques en los recintos portuarios. La ley del silencio impera en este ámbito donde los usos y costumbres todavía no se han acompasado con la Constitución española y el vigente Estatuto de los Trabajadores ante la indiferencia sindical y política. La situación delicada en que se han encontrado los puertos comerciales de la Comunidad Valenciana hay que valorarla en términos económicos primero y por consiguiente en trascendencia política.

Hay que advertir que la economía valenciana en su conjunto no puede contemplar la paralización de las operaciones portuarias con indiferencia. Está en juego su porvenir y en su denuncia ha sonado la opinión de Federico Félix, desde la Asociación Valenciana de Empresarios. Las empresas necesitan tanto enviar sus mercancías como recibir los suministros para que el flujo económico consiga su objetivo en las cadenas de producción y en la atención a las necesidades de los clientes. En la actualidad, con el fin de optimizar la gestión económica y a raíz de los avances en infraestructuras de comunicación y en los transportes, las empresas han reducido al mínimo el aprovisionamiento de bienes de equipo y otras mercancías de consumo.

Por esta razón el puerto de Valencia puede ser considerado como pulmón vital de la economía, para la Comunidad Valenciana como en otras zonas, incluida la Comunidad de Madrid, que encuentra en Valencia su salida más natural hacia las grandes líneas marítimas del Mediterráneo. Si el puerto es el pulmón de la economía, su misión es insuflar oxígeno a todas las empresas que confían en el transporte marítimo, como servicio fundamental para su actividad. Y el principal reto de un puerto comercial es ser competitivo. A partir de los niveles de inflación que afectan a la economía española, con un notable diferencial en relación a los demás países importantes de la Unión Europea, es conveniente la liberalización de las operaciones portuarias, porque de este modo se flexibiliza el mercado y se rebajan los costes o al menos, es posible eliminar rigideces nocivas.

El puerto de Valencia ha de ser el más barato, el más rápido en las operaciones y el que mejores servicios dé a navieros y armadores. Y si se enfrenta al trance de la ampliación necesaria de sus instalaciones con el horizonte trazado en el Plan Estratégico, no parece sensato retrasar el inicio y el desarrollo en el proceso de ampliación, porque puede provocar la toma de decisiones drásticas por parte de los armadores.

La inflación complica la actividad económica y tiene una implicación inevitable en el comercio exterior. Nos obliga a vender con mayor dificultad y ya en las últimas décadas la exportación de la Comunidad Valenciana ha retrocedido en su peso relativo con respecto al resto de España. Paralizar los puertos dificulta y perjudica los resultados de su actividad. Con demasiada frecuencia se olvida que las decisiones consensuadas y las mesas de negociación, constituyen el único remedio eficaz para evitar consecuencias que a nadie benefician.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 26 de enero de 2003