La radio privada solicita un marco jurídico que le asegure estabilidad

Los representantes del sector privado de las emisoras de radio que emiten en Cataluña solicitaron ayer al Gobierno de la Generalitat un nuevo marco jurídico que les asegure estabilidad y demandaron a las distintas administraciones que los medios de comunicación de las que son titulares realicen la función de servicio público que tienen encomendada. La jornada inaugural del II Congreso de Radio en Cataluña sirvió ayer para realizar un primer bosquejo de la situación por la que pasa el sector, en el que el 83,8% de las emisoras de frecuencia modulada es de titularidad pública, según un estudio presentado por Montse Bonet, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

Un panorama que Salvador Solé, presidente de la Asociación Catalana de Radiodifusión Privada, calificó de "escandaloso". Solé resaltó también la necesidad de contar con un nuevo marco jurídico que permita la renovación automática de las frecuencias por parte de la Generalitat, "ya que", dijo, "es el único método para garantizar las inversiones del sector".

Josep Maria Girona, director de Radio Barcelona, de la SER, aludió a que la Generalitat ha autorizado de manera secreta a cuatro grupos de comunicación para que hagan uso de una veintena de frecuencias, y que en 1999 no se renovaron tres licencias que pertenecían a la COPE, como dos ejemplos del "temor" que generan en el sector las políticas adoptadas por el Gobierno catalán, "lo cual comporta una falta de valentía de las empresas en inversiones". Girona instó al Ejecutivo autónomo a "medir" a todos los operadores "con el mismo rasero".

Financiación

Desde la perspectiva de los responsables de las emisoras públicas catalanas, la coexistencia de ambos sectores necesita la definición de un modelo de financiación claro para los medios públicos. Así, Anna Maria Bordas, directora de RNE en Cataluña, aseguró que el principal problema que soporta la emisora es su endeudamiento, por lo que solicitó un consenso político e institucional que fije un modelo claro de financiación para la radio pública. Bordas rechazó que esta radio deba convertirse en marginal y residual, mientras que Jordi Llonch, director general de COM Ràdio, afirmó: "El riesgo y la innovación son poco probables en la radio privada". Sin embargo, el sector privado considera que el modelo actual, en el que determinadas radios públicas luchan por el mercado publicitario, genera competencia desleal y distorsiona el mercado.

La incertidumbre que suscita la nueva tecnología digital consiguió unir tanto a representantes de emisoras públicas como a los de las privadas, que en distintas mesas de trabajo manifestaron su inquietud y falta de confianza en su desarrollo. Una vez más, la radio privada se considera aquí en desventaja frente a la pública por la ordenación del espectro que se ha realizado.

El Congreso de Radio en Cataluña reúne hasta hoy a 400 representantes de medios radiofónicos.