Tormenta en un vaso de agua

Las exageradas reacciones a las declaraciones de Jiménez de Parga son una tormenta en un vaso de agua, pero tanto las declaraciones como las réplicas han tenido la virtud de volver a recordarnos que la cuestión territorial está a flor de piel por la sencilla razón de que no tenemos resueltas cuestiones básicas sobre la identidad de España. En España, y sólo en España, seguimos sin saber exactamente qué es lo que somos. Jiménez de Parga no ha entrado en la cuestión de las nacionalidades y regiones, ni mucho menos en cuestiones sobre la estructura jurídica que son las Comunidades Autónomas (CC AA).

Entiendo, por lo leído, que él se ha referido al sustrato social e histórico sobre el que se superponen esas estructuras jurídicas. Sólo ha hablado de la distinción entre regiones históricas y supuestamente no históricas, no entre regiones y nacionalidades. Por tanto, no está poniendo en cuestión ningún pronunciamiento constitucional, sino un sobreentendido, políticamente correcto, que, como él ha dicho, se admitió como un tópico a partir del cual se construyó otra distinción, ésta sí constitucional, entre nacionalidades y regiones, y sobre éstas se crearon las CC AA, que tienen todas la misma naturaleza, según distintos pronunciamientos del Tribunal Constitucional.

Si lo que Jiménez de Parga ha querido decir es que todas las CC AA son el mismo tipo de entidad constitucional, se hayan creado sobre una nacionalidad o sobre una región, hay que darle la razón. Si lo que ha querido decir es que el término "histórica" se ha tergiversado para pretender una diferente naturaleza de las CC AA, hay que darle la razón. Yo no le he oído decir que las nacionalidades y las regiones no existan como entidades diferentes subyacentes a las CC AA, porque entonces sí habría negado un pronunciamiento constitucional.

De cualquier forma, ése no es el debate que me preocupa. Mi idea de España pasa por admitir de buen grado que cada uno, individual o regionalmente, se sienta español como mejor lo considere. Me parece muy bien que cada cual se ponga los apellidos que necesite para saber quién es. Yo no tengo ese problema; soy extremeño, español y ciudadano del mundo, y con eso me basta para conducirme con más o menos acierto en este complejo mundo globalizado, pero admito que haya otros ciudadanos que necesiten adjetivar más su definición para poder encontrar su identidad. Pasa en las mejores familias, ¿por qué no va a poder pasar en los mejores territorios? Mi comprensión en ese asunto me lleva hasta la aceptación de quienes se definen como no españoles. Sería muy sensato que todos pudiéramos aceptar la definición que de español quiera hacerse cada uno, individual o colectivamente. Defínase como quiera, incluido el definirse como no español, con la siguiente condición: defienda la libertad de los demás para que también su definición sea respetada y respetable, y participe en un proyecto colectivo donde la cohesión y la solidaridad entre todos esté garantizada.

¿Y cómo se lleva eso a la práctica? En primer lugar, poniéndonos, de una vez y definitivamente, de acuerdo sobre una teoría política y sobre una definición de España. España no puede seguir siendo sólo un "Estado social y democrático de derecho" (artículo 1 CE), porque esa definición puede ser válida para Francia, Portugal o Alemania. España no puede ser "el Estado de las Autonomías", porque eso no está escrito en ningún artículo de la Constitución. España no puede ser aquello que diga el presidente del Gobierno de España, porque la radicalidad de Aznar en este asunto es preocupante y aparentemente influida por aquellos conversos que pasaron del entorno radical vasco al españolismo cañí de las moquetas madrileñas del PP. Emplazar a los socialistas a defender la libertad, identificando lo que no es libertad con el nacionalismo, es un insulto, tanto a los socialistas como a los nacionalistas. La criminalización del nacionalismo alcanza ya a todo aquel que no lo entienda como Aznar. Por fin, España no puede ser la que cada presidente de cada Comunidad Autónoma dice que es, porque nos encontramos con 17 definiciones de España, cosa que no ocurre en ningún país compuesto y descentralizado. En Estados Unidos todo el mundo sabe qué es Estados Unidos, y lo mismo ocurre en Alemania, por poner dos ejemplos de Estados descentralizados. Aquí, basta que alguien tire una piedra al estanque para que el revuelo sea impresionante, ante la incredulidad de los ciudadanos, que no saben ni de qué discutimos ni para qué la discusión.

En segundo lugar, articulando un punto de encuentro donde la cohesión y la solidaridad puedan expresarse y materializarse. Ese punto sólo puede ser un nuevo Senado que responda a la nueva articulación territorial de España. El Senado actual no molesta, y puede seguir así durante cien años más, porque lo que no molesta no estorba, pero está dejando de cumplir un papel fundamental como instrumento valiosísimo de articulación territorial. El Senado actual responde a una España que apuntaba la Constitución, pero que no desarrollaba. En 1978 nadie sabía exactamente en qué iba a terminar ese modelo territorial. No se tenía una idea exacta de cuántas CC AA iba a haber; ni se sabía si todas tendrían la misma naturaleza y conformación, con independencia de su origen histórico y político. Hoy sí sabemos ya en qué ha terminado todo. Ya tenemos un Gobierno central, 17 CC AA y dos Ciudades Autónomas, pero honradamente hay que reconocer que cada instancia funciona en paralelo, sin que existan puntos de encuentros reglados que permitan abordar situaciones complejas desde estructuras complejas. He dicho en más de una ocasión que los presidentes de CC AA nos vemos más en Bruselas que en España. Juntos, lo que se dice juntos, en una mesa para hablar de un problema nacional o internacional, hace unas semanas, para hablar del chapapote. Y, así y todo, faltaron los dos presidentes que más tenían que decir: Fraga y Aznar.

Podemos seguir así mucho tiempo, porque, mal que bien, la cosa funciona, pero a cada rato volveremos a pelearnos por los nombres, por los apellidos o por la memoria de Viriato. ¿Es posible que seamos tan inútiles?

Juan Carlos Rodríguez Ibarra es presidente de la Junta de Extremadura.