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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Sobre la guerra

Ahora se comprende mejor por qué Aznar se resiste a comparecer ante el Congreso para fijar la posición del Gobierno ante el posible conflicto con Irak: teme que sus anteriores pronunciamientos, tan rotundos, y sus exigencias de idéntica rotundidad a la oposición, le sean recordados ahora, cuando quiere esperar y ver. La comparecencia de la ministra Palacio ante la Comisión de Exteriores confirmó que existe un riesgo real de ruptura del consenso interno en política exterior. Ello hace aún más necesario que sea el jefe del Gobierno quien defienda ante el Parlamento la posición de España.

La posibilidad de que Sadam posea armas de destrucción masiva y sus vinculaciones con el terrorismo fueron las motivaciones esgrimidas en su momento por Bush para justificar una intervención en Irak. Una intervención no en respuesta a una agresión, sino para evitarla. De acuerdo con esa lógica de guerra preventiva, Bush ha dejado claro que preferiría contar con la legitimación de Naciones Unidas, pero que habrá intervención en todo caso. Como ese planteamiento es rechazado por buena parte de las opiniones públicas, el argumento ha virado: la intervención se justificaría como respuesta al incumplimiento durante doce años de las resoluciones de la ONU que siguieron a la derrota de Sadam en la guerra del Golfo.

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Ésa fue la línea seguida ayer por la ministra, aunque insistió en la necesidad de agotar las vías diplomáticas y consideró improcedente cualquier pronunciamiento sobre la actitud de España antes de conocer el resultado de la reunión del Consejo de Seguridad del día 27. El portavoz socialista, Manuel Marín, consideró contradictoria esa actitud con el alineamiento en la OTAN con quienes son partidarios de preparar ya planes de contingencia.

La ministra se negó a responder a la cuestión capital de cuál sería la actitud del Gobierno ante una intervención unilateral de EE UU o ante la eventual petición de una ampliación de plazo por parte de los inspectores. Por lo que se ve, los diputados españoles no tienen derecho a oír de boca del Gobierno lo que ya sabe la Casa Blanca y que ayer pregonó su portavoz, Ari Fleisher: que en caso de guerra Estados Unidos puede contar, ocurra lo que ocurra en la ONU, con el apoyo militar de España.

La prudencia de la ministra es, por otra parte, contradictoria con las actitudes de Aznar. El 14 de septiembre, por ejemplo, reprochó a Zapatero limitarse a defender un pronunciamiento de la ONU sin decir "qué le gustaría que decidiera el Consejo de Seguridad". Y de regreso de su visita a Bush alardeó de haberle comunicado la clara posición de España sobre el asunto: algo que aún no ha hecho ante el Congreso. El argumento de más peso de los manejados por el Gobierno fue que en la fase actual de presión hay que mantener sin fisuras la amenaza de intervención, porque es lo único que puede convencerle de que cumpla las condiciones que evitarían la guerra. ¿Por qué no se presenta entonces Aznar en el Congreso para intentar convencer de ello a quienes, según la ministra, comparten lo esencial: la necesidad de desarmar al régimen de Sadam?

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