El juez archiva el 'caso Limasa' al estimar que no hay dolo falsario

El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Málaga, Román González López, ha archivado la causa por los presuntos pagos irregulares de la empresa mixta de limpieza de Málaga, Limasa, en la que estaba imputada la concejal de Cultura y ex edil de Medio Ambiente, Ana Rico. La instrucción se inició en julio de 2000 por una querella de Izquierda Unida en la que denunciaba que el Ayuntamiento pagó a Limasa 240.404 euros (40 millones de pesetas) por las obras para una conducción de agua no potable y una boca de riego para el baldeo del paseo marítimo de Pedregalejo y que habían sido certificadas con la firma de la concejal sin que en realidad estuvieran realizadas.

Las obras fueron abonadas por el Ayuntamiento en diciembre de 1999 y se realizaron una vez que el asunto saltó a la luz pública, en junio de 2000. En el auto de archivo de la causa, el juez sostiene que "aún reconociendo el pago de la certificación correspondientes a las obras que aún no se habían realizado, no se explicitan indicios de que se pretendiera alterar la verdad que la realización de las obras ha confirmado". Y concluye: "Con estos datos y en esta situación no puede darse por supuesto el dolo falsario que exige el tipo penal, pues éste debe claro, parente y objetivo de acuerdo con el principio de culpabilidad exigido en el artículo 10 del Código Penal".

En los fundamentos de derechos expuestos por el juez, éste señala que las obras se abonaron con anterioridad a la ejecución de las obras "por necesidad presupuestaria y en concepto de provisión de fondos".

Los hechos se produjeron cuando la actual concejal de Cultura ocupaba la cartera de Medio Ambiente. Ana Rico declaró en noviembre de 2000 al juez que desconocía que las obras no se habían realizado pese a que firmó la certificación de que sí estaban hechas y que esta comprobación correspondía a los técnicos.

Imputaciones

La instrucción la comenzó el juez Pedro Molero, antecesor de González López en el Juzgado de Instrucción número 7, quien imputó a Rico de presuntos delitos de falsedad documental, estafa, apropiación indebida y malversación de fondos públicos. Por los mismos motivos fueron imputados también los otros dos firmantes de la polémica certificación, el entonces jefe del servicio de municipal de limpieza, Julián Laguna, y el ex gerente de Limasa Javier Fuentes.

También fueron imputados otros dos funcionarios municipales y el gerente de la constructora Comupi, empresa a la que Limasa encargó la realización de las obras.

El Ayuntamiento abrió en junio de 2000 una investigación interna para esclarecer los hechos, aunque la suspendió una vez que se abrió el procedimiento penal. Lo que sí hizo el consistorio fue descontar a Limasa en una certificación posterior los 240.404 euros que le pagó por la polémica obra.