Un tercio de los fiscales de Sala del Supremo cree que la reforma del Gobierno daña la reinserción de presos

Cuatro de los doce fiscales de Sala del Tribunal Supremo que ayer asistieron a la Junta convocada por el Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, aseguraron que el anteproyecto de reforma del Código Penal para el cumplimiento íntegro de las penas "daña los principios de reinserción y resocialización del preso recogidos en la Constitución".

El fiscal de la Sala de lo Civil del Supremo, Jesús Bernal Valls; el de la Sala de lo Social, Juan José Martín Casallo; el fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, y el jefe de la Inspección Fiscal, Juan José Martínez Zato, se mostraron en desacuerdo con la reforma, principalmente porque la elevación del tiempo máximo de cumplimiento de las penas de privación de libertad hasta los 40 años vulnera el principio constitucional de que la pena está orientada a la reinserción y "contribuye a la destrucción de una persona", según agregó el jefe de la Inspección, Martínez Zato.

Además, este grupo de fiscales calificó la reforma de "inoportuna", puesto que se realiza para "combatir casos aislados", y consideró que 40 años de prisión es una pena "excesiva", dado que el actual Código Penal es adecuado y suficiente para combatir la delincuencia.

Los demás integrantes de la Junta de Fiscales, siete de 12, se mostraron de acuerdo con el anteproyecto y apuntaron que las penas también tienen una función punitiva y otra ejemplarizante. También sostuvieron que la reforma mantiene el principio de reinserción, ya que, según un comunicado de la Fiscalía, "si en el futuro un penado no es reinsertado será porque esa persona no ha mostrado arrepentimiento y, por tanto, ese principio no se habrá cumplido, por lo que deberá seguir en prisión hasta los 40 años , puesto que en España no existe cadena perpetua".

A pesar de que la mayoría se mostró de acuerdo con el texto del Ministerio de Justicia, la Junta propondrá algunas modificaciones al anteproyecto.

La principal de estas propuestas, apuntada por el fiscal Martín Casallo, consistirá en que el futuro código indique explícitamente que el límite máximo a contabilizar a efectos de poder acceder al tercer grado de tratamiento penitenciario (régimen de semilibertad) sea el de 40 años, y no el total de la pena impuesta.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, propuso que se defina "con mayor concreción" el término "organización criminal", para poder clasificar más correctamente las diferentes modalidades de asociaciones delictivas.

Según el anteproyecto, los penados que no hayan satisfecho la responsabilidad civil aneja a su condena no podrán acceder a los beneficios penitenciarios. La Junta de Fiscales propondrá que se distinga entre aquellos penados que se declaran insolventes manteniendo ocultos sus bienes (como el caso del ex director de la Guardia Civil, Luis Roldán), de aquellos otros que realmente no pueden hacer frente al pago de las indemnizaciones a que hayan sido condenados. Para la cúpula de la carrera fiscal deben darse criterios que ponderen las diferentes situaciones.

El fiscal de la Sala de lo contencioso, Rogelio Gómez Guillamón, opinó que las líneas generales de política criminal son competencia del Ejecutivo y la Junta de Fiscales no debe opinar sobre las mismas. El jefe de la Inspección, Martínez Zato, opuso que el anteproyecto se había pasado a informe de la Junta y que ésta podía expresar su opinión antes de acatar el texto que resulte publicado en el BOE.

Los fiscales de la mayoría resaltaron que la reforma cuenta con un "enorme respaldo" de la sociedad, según la Fiscalía.

* Este artículo apareció en la edición impresa del miércoles, 22 de enero de 2003.

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