México acusa a EE UU ante La Haya por violar los derechos de 51 condenados a muerte

El Gobierno de México solicitó ayer ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, principal órgano judicial de Naciones Unidas, que ordene a Estados Unidos paralizar la ejecución de 51 de sus ciudadanos recluidos en los corredores de la muerte de las cárceles de nueve Estados. Según los enviados mexicanos, ninguno de los condenados tuvo acceso a sus cónsules antes de ser sentenciados. Establecido por la Convención de Viena de 1963 sobre relaciones consulares, firmada por ambos países, este requisito es indispensable para juzgar a nacionales por infracciones en el otro país.

El caso recuerda a otro similar, fallado en el año 2001, cuando los jueces de La Haya hallaron a Estados Unidos culpable de haber negado en 1999 el acceso a las autoridades consulares germanas a dos hermanos de dicha nacionalidad, también condenados a muerte. Con uno de ellos, Karl LaGrand, ya ejecutado cuando Alemania elevó su queja, el Tribunal ordenó a tiempo detener la sentencia del otro, Walter. No fue escuchado y el preso acabó en la cámara de gas. Si bien las sentencias dictadas en La Haya tienen carácter vinculante, sus responsables carecen de potestad para forzar su cumplimiento.

En esta ocasión la demanda original presentada por México incluía a 54 condenados a muerte en los Estados de California, Tejas, Arizona, Arkansas, Florida, Nevada, Ohio, Oklahoma, Oregón e Illinois. Como el gobernador de este último, George Ryan, ha conmutado todas las penas capitales, los nombres de los tres presos mexicanos allí recluidos ya no aparecieron en la vista celebrada ayer por el tribunal para escuchar las alegaciones de ambos países. Durante la vista, México sostuvo que Estados Unidos había violado los artículos 5 y 36 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares al "arrestar, juzgar y condenar a muerte a 51 mexicanos sin haberlos informado de su derecho a recibir ayuda consular".

"En 49 de los casos no hay pruebas de que las autoridades estadounidenses trataran siquiera de aplicar el artículo 36 poniendo en contacto al detenido con su consulado. En otras cuatro ocasiones se hizo un intento en ese sentido, pero tardío. La única vez que se informó al preso de sus derechos no se le dijo que la Convención también lo ampararía en casos de pena capital", rezan los documentos presentados ayer por México. En vista de todo ello, sus enviados a La Haya pidieron que no se ejecutara a ninguno de sus súbditos ni tampoco se fijara una fecha para ello hasta que el tribunal dictara sentencia.

"Este tipo de infracciones son muy peligrosas, porque pueden tener como resultado la muerte de una persona", dijo ayer el abogado Juan Manuel Gómez Robledo. También añadió que los derechos de los ciudadanos de su país son sistemáticamente vulnerados por las autoridades estadounidenses en el mismo marco de la Convención. Estados Unidos rechazó cualquier acusación de violación de los derechos humanos o de la Convención misma. No es la primera vez que México y Estados Unidos se enfrentan por culpa de la pena de muerte.

El pasado año, el presidente Vicente Fox canceló una visita oficial a Tejas para hablar con su homólogo George W. Bush cuando el Gobierno de Washington se negó a suspender la ejecución de un preso mexicano. El ajusticiado se llamaba Javier Suárez Medina, tenía 33 años y había pasado 13 esperando una amnistía. A los 19 años mató a un policía que se hizo pasar por traficante de drogas en Dallas. Suárez, que vivía en Tejas desde los tres años, admitió los hechos, pero dijo que no sabía que fuera un agente.

También en aquella ocasión México denunció la violación de la Convención de Viena, puesto que nadie le dijo al detenido que tenía derecho a asistencia consular. La decisión preliminar del tribunal sobre la posible paralización de las ejecuciones es esperada dentro de unas semanas. El fallo definitivo puede tardar hasta dos años.