Accionistas de Uniland denuncian anomalías en la OPA de exclusión

Una treintena de pequeños accionistas de la cementera Uniland han denunciado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores supuestas anomalías en la operación de exclusión de Bolsa de las acciones que propone la dirección. Los minoritarios están en desacuerdo con el precio de 95 euros por acción fijado en la oferta pública de exclusión (OPA) y afirman que la valoración de las acciones la ha hecho una empresa de la que es socio el hijo del presidente, José Antonio Rumeu de Delàs.

La firma que ha hecho la valoración es Riva y García, de la que es socio el hijo del presidente de Uniland, Pablo Rumeu Milá. Este último confirmó ayer a este diario que es socio de Riva y García, pero afirmó que no ha tenido "nada que ver en la valoración de Uniland porque trabajo en el departamento de control interno". Las familias Roméu de Delàs y Fradera controlan en torno al 90% de Uniland. El resto está en manos de minoritarios. La empresa prefirió no hacer comentarios sobre la denuncia de los pequeños accionistas.

Los denunciantes también han informado a la CNMV de que Uniland ha tomado como base de valoración el balance de la empresa cerrado el 30 de junio de 2002. El abogado de los denunciantes, Juan Ramón Ferrero, dice que la asamblea de accionistas aprobó la OPA el 20 de diciembre "y podía haber tomado como base el balance cerrado a septiembre", que recoge un mayor valor contable, porque la sociedad aplica a reservas parte de sus beneficios.

Los denunciantes también explican a la CNMV que debe aclararse el alquiler que la empresa paga a la sociedad titular de los terrenos de la fábrica barcelonesa de Vallcarca. Aseguran que el precio pagado se ha quintuplicado en los últimos 15 años.