"La vivienda, ¿derecho o negocio?

El economista Anisi, en su libro Creadores de escasez, afirma algo desgraciadamente lógico: que "el mercado únicamente satisface aquellas necesidades humanas que están respaldadas con dinero". Por ello, se necesita la intervención política para satisfacer necesidades humanas y atemperar -incluso me atrevo a decir domesticar- los efectos perversos del mercado. Es la hora de las políticas públicas de vivienda. Frente al eslogan neoliberal "la economía, estúpidos, la economía", defiendo por coherencia económica y social "la política, estúpidos, la política".

La dificultad de acceso a una vivienda digna es hoy, y cada vez más si no se ponen medidas, un problema de primera magnitud para la gran mayoría. Todos los organismos están poniendo de manifiesto que la subida de precios de la vivienda es desorbitada: en torno al 50% en los tres últimos años, según el Banco de España. La vivienda se ha convertido en un negocio especulativo, en una inversión refugio segura y rentable, dada la baja rentabilidad de los fondos de inversión, el perfil negativo de la Bolsa, a lo que se une la incorporación al euro (con la afloración del dinero negro en busca de inversiones), los menores tipos de interés, la mayor duración de los créditos hipotecarios... Todo ello explica que la vivienda ya no sea tanto un bien de uso como un bien de inversión especulativa.

"¿Qué intereses económicos o ideología impiden que haya una ley del Suelo en la comunidad autónoma?

Hay que añadir otro agravante: el incremento de los precios de las viviendas ha sobrepasado el de los sueldos en los últimos cinco años. Se habla de un incremento cuatro veces superior y de siete años de salario para pagar una vivienda. Añadamos que el empleo creado en el ciclo económico expansivo ha sido de muy baja calidad, por su carácter precario y temporal y sus peores condiciones salariales. Esto explica que una familia media vasca tenga que dedicar más del 50% de sus ingresos a pagar la vivienda que habita, lo que supone un esfuerzo desproporcionado.

La especulación continuada e intensificada puede acabar con el crecimiento del sector, expulsando a una mayoría de posibles compradores por unos precios inaccesibles. Por el bien del sector, de su sostenibilidad, de su crecimiento, es preciso crear un liderazgo público que haga posible un mercado de vivienda accesible, estable y no especulativo.

El análisis de la situación en la Comunidad Autónoma Vasca pone de manifiesto que hay una oferta muy escasa de VPO financieramente asequible. Que la oferta libre es inasequible para la gran mayoría. Que el alquiler es escaso y caro. Que hay gran cantidad de viviendas vacías, muchas con necesidad de rehabilitación. Que hay un cierto fraude en las transmisiones de VPO y una posible inadecuación en los tramos, excesivamente amplios, privilegiando a las rentas más altas de los mismos. Pero, sobre todo, detectamos que la especulación del suelo es un problema estructural, ya que representa más del 50% del costo de la vivienda.

¿Es posible un acuerdo social por la vivienda? Es útil y necesario. Por lo menos, habría que garantizar un acuerdo interinstitucional entre el Gobierno, las diputaciones forales y los ayuntamientos, que especificara la función y aportación de cada uno, acordando todo lo referente a la fiscalidad, políticas de suelo y habitabilidad de ciudades y pueblos. Por supuesto que no me olvido de promotores, contratistas y entidades financieras. Apelo a la responsabilidad social de las empresas, lo que J. Schumpeter define como "la necesaria relación del beneficio empresarial con el servicio a la sociedad".

La casa comienza por los cimientos y si los poderes públicos se quieren poner manos a la obra tienen que comenzar por regular una buena ley del suelo. ¿Por qué no hay una ley del Suelo en la CAV? ¿Qué intereses económicos o ideología lo impiden? Se ha demostrado que la masiva recalificación de suelo no rebaja los precios del mismo. Hay suelo, pero es muy caro. No se está cumpliendo el artículo 47 de la Constitución y las obligaciones que tienen los poderes públicos para evitar la especulación y garantizar el derecho a la vivienda. Una buena ley del Suelo es la prueba del nueve para abordar en serio el problema. A pesar de que muchas regulaciones no necesitan dinero, un liderazgo público exige mayores dotaciones presupuestarias, ya que se corre el riesgo de que una excesiva propaganda política, vacía de medidas eficaces, genere frustración cívica.

Quedan muchas cosas por regular. Desde una fiscalidad adecuada, en la línea de que las políticas de gasto (ayudas directas) se prioricen sobre las de ingreso (desgravaciones) para poder primar a los colectivos más desprotegidos, hasta ayudas para el alquiler de vivienda, y un mayor control del fraude en todo el proceso de adjudicación de promociones: el cumplimiento de los requisitos de compradores o arrendatarios, racionalización de los concursos, generalizándolos a los promotores privados de VPO, lucha contra el fraude en las transmisiones (valoro de modo positivo la calificación permanente de VPO), la optimización de nuestro parque inmobiliario, potenciando la rehabilitación y salida al mercado de la vivienda vacía.

Una política de viviendas es necesaria y urgente por lo que representa en el crecimiento de la economía y del empleo, pero, sobre todo, es un derecho de la ciudadanía para poder ser autónomos, además de las implicaciones que tiene en la movilidad laboral y en la necesaria mejora de los salarios. El último informe elaborado por el CES español sobre los jóvenes y la vivienda concluye que el alargamiento de la emancipación de los jóvenes se ha elevado en más de 10 años, señalando entre las causas la alta precariedad en el empleo y el desorbitado e inaccesible precio de la vivienda. Estas son las responsabilidades públicas de las que no se puede hacer dejación.

Carlos Trevilla es representante de UGT en el Consejo Económico y Social (CES) vasco.