La rutina de la miseria vuelve al poblado

Hace hoy una semana que la policía asaltó el asentamiento de inmigrantes rumanos bajo la autovía Sevilla-Huelva, a las afueras de la capital hispalense, en el que detuvo a 131 de los 150 residentes. Después de que el Gobierno trasladara a 44 de los detenidos, todos irregulares, a los centros de internamiento de Málaga y Murcia antes de repatriarlos a Rumanía; y de liberar a otros 40 indocumentados que tenían menores a su cargo a la espera de tramitar sus órdenes de expulsión; nada ha cambiado en el poblado chabolista.

Allí, rodeados de escombros y basuras, acosados por las ratas, habitando aún lo que ellos mismos llaman "bungalows", míseras chabolas, permanecen al menos un centenar de personas. Gobierno y Junta han iniciado una guerra de cifras sobre cuánta gente hay ahora en el asentamiento chabolista. El delegado del Gobierno, Juan Ignacio Zoido, ha reconocido que los liberados por la policía han vuelto al poblado. Los propios rumanos decían ayer, tal y como señala la Administración autonómica, que bajo el puente viven todavía más de 100 personas, niños muchos de ellos. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía denunció ayer que seis de esos niños, dos de ellos bebés de 3 y 11 meses, han quedado desamparados, al cuidado de sus familiares, mientras sus madres esperan en Málaga y Murcia su repatriación.

Como si fueran miembros de una antigua garnacha, los inmigrantes rumanos esperan allí a que las administraciones públicas escriban el guión de su futuro próximo. Pendientes unos, los regularizados en España, de que llegue la ayuda prometida por la Junta y el Ayuntamiento; y a la espera los otros, los indocumentados, de que Delegación del Gobierno ejecute las órdenes de expulsión que penden sobre sus cabezas.

Jon, Nicolai y Marisa son de los afortunados que pueden exhibir su permiso de residencia. Otros, los amenazados de expulsión, escurridizos entre sus furgonetas, evitan las fotografías.

Jon, como Marisa, dice tener 22 años, aunque aparenta muchos más, y lleva cinco en España. Pese a que la mayoría de sus compañeros sobrevive vendiendo el periódico La Farola, él asegura que trabaja en el campo. "En Huelva, en Albacete; he estado en muchos sitios".

Jon, y su compañero Preda, esperan la ayuda pública. "Llevo cinco años aquí y mira dónde vivo. Quiero una casa, un piso", clama Preda. Funcionarios de las consejerías de Educación, Asuntos Sociales y Gobernación acudieron el pasado jueves al poblado para ponerse manos a la obra, pero tuvieron que desistir ante el caos existente. Esperan a que Delegación del Gobierno aclare cuántos son los habitantes del asentamiento. El consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, anunció ayer que pedirá una reunión con Zoido para aclarar este punto. Mientras, hay un centenar de personas que sigue viviendo entre los escombros, sin luz ni agua, bajo una autovía.