Chamizo recibe 179 quejas por la atención a enfermos mentales

El informe del Defensor del Pueblo Andaluz de 2001 no deja bien parada a la asistencia social y sanitaria de los enfermos mentales. En apenas cinco años recibió 179 quejas motivadas por la insuficiencia de dispositivos para la atención de estas personas. El documento precisa que el mayor déficit se centra en los hospitales de día y las comunidades terapéuticas, que son los recursos que sustituyeron a la intervención sanitaria y social de los manicomios.

Además, el informe anual del Defensor del Pueblo puntualiza que con frecuencia la insuficiencia de estos dispositivos provoca situaciones de "desasistencia cuyas consecuencias han recaído sobre los propios enfermos y sus familias".

Para el Defensor, esa desatención obedece no sólo a la falta de recursos sino también a la descoordinación: "Una organización hermética y aislada entre el sistema sanitario y el de servicios sociales impide dar una respuesta eficaz a muchos sectores que necesitan una atención integral y bien coordinada".

Además, añade que por las denuncias que ha recibido, se puede constatar el "enorme" déficit de recursos tanto sociales como sanitarios, una situación que "hace ilusorio cualquier intento de coordinación entre ambos dispositivos y que en última instancia se plasma en la efectiva desatención de las personas dependientes".

En su dura crítica a las carencias en la atención a estos enfermos -como ya hiciera en su informe de 1995- el Defensor del Pueblo acota que las propuestas de las administraciones para corregir la situación "son meras manifestaciones del intento de las autoridades públicas de poner un cierto orden donde la insuficiencia y fragmentación de los servicios están produciendo un evidente abanico de discriminación contrario al mandato constitucional de protección social y sanitaria de este colectivo".

Reforma inacabada

El informe del Defensor reconoce que la reforma psiquiátrica de 1984 -"oportuna y positiva"- supuso un avance importante en la atención, pero agrega que, no obstante, no ha podido "alcanzar el objetivo pretendido de sustituir, progresivamente, esa red de macrocentros de internamiento por otra alternativa de pequeños centros y servicios diferenciados y situados en la comunidad".

Por eso, el documento concluye que si bien el paso de un sistema a otro tenía la meta de restituir a los enfermos mentales "el pleno disfrute de sus derechos fundamentales profusamente violentados por el modelo manicomial, se olvidó que la precipitada implantación del nuevo sistema habría de provocar no pocas disfuncionalidades". Una conclusión que, según el propio informe de la institución, está basada en la perspectiva de más de 16 años de reforma y en las situaciones expuestas a la institución por los afectados a lo largo de todo este tiempo.

Las asociaciones de familiares de enfermos mentales sintetizan las carencias en plantillas insuficientes, listas de espera de más de seis meses, falta de camas, unidades de agudos saturadas y plazas de larga y media estancia que no alcanzan a cubrir las necesidades.

Según repetidas denuncias de estas organizaciones, debido a la escasez de recursos con frecuencia se producen altas precoces que, a su vez, se traducen en reingresos, cronificación de los pacientes y deterioro del núcleo familiar.