El TSJ anula el concurso de traslados de RTVV por arbitrario y vulnerar "todos los requisitos"
Los responsables de Canal 9 acaparan más de 60 sentencias desfavorables desde 1996
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha anulado el concurso de traslados realizado por Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) resuelto en junio de 2000. La sentencia, que es recurrible ante el Tribunal Supremo, quita la razón a los responsables del ente público que ganaron el pleito en primera instancia. En los fundamentos del fallo, el Tribunal Superior de Justicia afirma que en el concurso se incumplieron "todos y cada uno de los requisitos, pues no se hizo baremación alguna, sino una adjudicación claramente arbitraria".
Y va una más. Desde 1996, los responsables del ente público Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) han cosechado más de 60 sentencias desfavorables por sus decisiones en el ámbito de las relaciones laborales. Si el pasado jueves se conocía que RTVV había sido condenada por despedir de manera improcedente al periodista deportivo Artur Balaguer, el mismo bufete que dirige Isabel Santos ha logrado que el Tribunal Superior de Justicia dé la razón a la periodista de Ràdio 9 que recurrió el concurso de traslados convocado por el director general, José Vicente Villaescusa.
El fallo del TSJ da la vuelta a la sentencia favorable a los responsables de Canal 9 en primera instancia y señala que "los requisitos para participar en el concurso de traslados fueron incumplidos al no efectuarse un criterio de valoración para denegar una petición, alegando la empresa demandada como único motivo razones de servicio". El tribunal es tajante al indicar que ni del convenio colectivo, ni de las bases del concurso de traslados, puede inferirse o deducirse que "la denegación al traslado pueda tener como causa las aludidas razones de servicio, que por otro lado, ni tan siquiera puede conocerse cuáles son las mismas, sino que la única facultad que poseía la empresa era comunicar a la comisión de traslados las plazas que podían ser cubiertas".
La decisión del Tribunal Superior de Justicia anula y deja sin efecto la resolución de 30 de junio de 2000 por la que se resuelve el concurso de traslados. Una convocatoria en la que se convocaron un total de 101 plazas. La periodista recurrente de Ràdio 9 aspiraba a ocupar una plaza de igual categoría a la suya en Canal 9.
En los fundamentos de la sentencia, la sala del TSJ recalca de manera insistente que el concurso de traslados previó elementos de baremación claros, como la "formación específica y complementaria para el puesto de trabajo, antigüedad en la empresa y circunstancias familiares o individuales, baremación que no se realizó por la comisión de traslados. Una circunstancia que no impidió que alguno de los miembros de la citada comisión, según consta en el texto de la sentencia, lograse finalmente el traslado al que aspiraba.
La sentencia comunicada a las partes también fundamenta las razones para cambiar el fallo contrario a la periodista en primera instancia. Así, el TSJ explica que considera "relevantes" la "veracidad y la acreditación de todos los datos propuestos que, sin embargo, [la primera] sentencia no especifica". Una circunstancia que lleva a los jueces del tribunal a acceder a la inclusión de los datos "en el relato de hechos probados, al ser todos ellos cuestiones fácticas trascendentes".
El rosario de reclamaciones ante los juzgados ha llevado al propio director general de RTVV a comparecer como imputado por negar información sobre los presupuestos del ente público a los miembros del consejo de administración. Una situación que está pendiente del fallo, una vez celebrado ya el juicio oral.
El medio como polémica
Canal 9 se ha situado en las últimas semanas como uno de los focos de atención informativa por tres clases de razones diferentes. La política laboral, que le ha llevado a tener impugnadas, incluso, parte de las últimas oposiciones convocadas; la gestión económica que ha situado el ente al borde la quiebra técnica, según se desprende de la última auditoría realizada por la Sindicatura de Comptes; y el revitalizado proyecto del Consell de intentar privatizar la gestión de Canal 9 antes de las próximas elecciones autonómicas. A estos elementos, hay que añadir a partir de ahora el propio de la tensión política de la precampaña electoral, que abre dos nuevos frentes. El primero, el que contrastará el proyecto que cada partido ha diseñado respecto a Canal 9 -en este ámbito ya se han producido las primeras refriegas respecto a cómo debería afrontarse el tema de los derechos de retransmisión de los equipos valencianos de primera división-; el segundo, el que se producirá, casi con toda seguridad, por el reparto de tiempo de pantalla a cada uno de los políticos.
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