¿Humanismo?

El conjunto de medidas que anunció el presidente Aznar en la reunión interparlamentaria de su partido sobre el endurecimiento del tratamiento penal de ciertas conductas y las medidas de policía sobre el consumo de tabaco confirman la tendencia correctora de algunas alegrías libertarias que hasta hoy parecía que daba miedo tocar ante la inevitable reacción del humanismo. Incluso el principal partido de la oposición se muestra abierto a corroborar las intenciones del Gobierno en materia de nuevas medidas contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana aunque proteste ante el anuncio de que el Gobierno pretenda llevar a cabo sus correcciones con consenso o sin él; quizás, una contestación poco cortés del propio Gobierno al papel desempeñado por la oposición de izquierdas ante la catástrofe de la marea negra en Galicia que, digámoslo, ha dejado mucho que desear al tiempo que mostraba la pobreza de argumentos de una oposición que de ese modo se aleja más de la hipótesis de ser alternativa ya creíble ante las nuevas citas electorales. Pero el Gobierno sabe que las medidas que va a proponer serán del agrado del común de la sociedad, y que incluso puede dar una respuesta contundente a la creencia tan arraigada vigente hasta hoy de que si los jueces aplican una ley muelle ante la delincuencia de baja intensidad, la policía se desanima ante la paradoja de que sus detenciones no acaban en condenas, y, por ende, los delincuentes -que, inopinadamente son expertos en la mecánica penal que les favorece-, se vuelven descarados y a la reincidencia unen la estulticia de sentirse beneficiados por un sistema humanista de resultados discutibles en su rendimiento, dictando su finiquito.

Animados por la facilidad con que el Parlamento llevó adelante una ley de partidos arrancada de la interpretación menos permisiva del texto constitucional, y confirmados en el amplio acuerdo que ha minimizado el principio rehabilitador que subyace en el moderno sistema penitenciario al proponer el cumplimiento íntegro de las penas para ciertos delitos, las medidas que ahora se proponen parecen una minucia, sólo un colofón. En efecto, hay una demanda social alarmante contra la delincuencia protagonizada por mafias extranjeras o por simples bandas de delincuentes organizados que abona una alta aceptación de medidas tan contundentes como que de la reincidencia en pequeños delitos se deduzca la expulsión automática de los extranjeros que los cometan o el encarcelamiento si son nacionales, sin fijarse en el hipotético trato discriminatorio de las mismas conductas si son protagonizadas por nacionales o extranjeros. Además, y dada la permeabilidad de las fronteras -por lo menos, las europeas-, nadie puede asegurar que no se dé un tránsito organizado de mafias y grupos como respuesta a las medidas. Con todo, el despliegue de argumentos favorables a la restricción de movimientos de la delincuencia pone fin a la timidez con que esto se venía contemplando hasta muy recientemente, convencidos de que los mandatos constitucionales explícitos obligaban a los poderes públicos a preservar la libertad y la seguridad de los ciudadanos dando buena cuenta de los delincuentes pero adosando como parte inexcusable de las políticas a aplicar inversión suficiente para la prevención tanto del delito, cuanto de las situaciones sociales de riesgo o, finalmente, para la aplicación de programas de rehabilitación de los delincuentes anclados en un humanismo de verdad progresista.

Vicent.franch@eresmas.net