El juicio sobre el derrumbe del Bazar España arranca cuatro años después del grave suceso
El juez suspendió ayer la sesión tras oír las peticiones de nulidad de tres abogados defensores
El juicio sobre el derrumbe del muro del Bazar España, como consecuencia del cual perecieron cinco personas el 31 de diciembre de 1998, arrancó ayer fiel a su trayectoria judicial hasta el momento: trabado y marrullero. El titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla, Rafael Tirado, suspendió la sesión de ayer después de que tres de los acusados solicitaran la anulación del juicio por una presunta indefensión. Estos letrados han elevado por la misma causa sendos recursos ante el Tribunal Constitucional. El caso se enjuicia ahora en primera instancia aunque han pasado ya más de cuatro años del suceso.
La primera sesión de este juicio, que se presume largo (está previsto que dure más de dos meses) sirvió para poco más que para que el juez se acostumbrara a las caras de los letrados de la acusación y de la defensa -cinco más el fiscal en un lado, y, en el otro,seis en representación de los siete imputados y uno por cada responsable civil subsidiario: Inmobiliaria Osuna y el propio Ayuntamiento de Sevilla-.
Los representantes de Juan García Gil, jefe de servicio de Licencias de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla cuando sucedieron los hechos; y de José David Muñoz y Juan Mauduit, técnicos a su cargo; solicitaron la suspensión del juicio por la presunta indefensión de éstos. Asimismo, esos letrados han presentado recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, que aún no ha decidido si quiera si lo admite a trámite.
La razón esgrimida por los tres letrados es que en el auto de 29 de mayo de 2001, en el que el Juzgado de Instrucción número 8 recoge la decisión de la Audiencia de que los hechos constituyen homicido por imprudencia grave y decide celebrar juicio por el procedimiento abreviado, no está individualizado ni matizado, por lo que sus clientes no saben "oficialmente" de qué se les acusa.
Primero el fiscal y luego, por turno, cada uno de los abogados de la acusación particular combatieron este argumento y aseguraron que los imputados sabían perfectamente de qué se les consideraba sospechosos después de varios trámites judiciales y "un amplio debate en fase intermedia". Uno de los acusadores, Emilio Moreno, llegó a tildar estas cuestiones preliminares de "falso garantismo" y de estrategia dilatoria.
Precisamente, este argumento también fue usado por los abogados de la defensa contra la acusación. En concreto, el abogado Juan Mauduit, que defiende a su hijo en este caso, fue el más beligerante en este punto y llegó a decir que la "estrategia" de la acusación había entregado a los imputados "a la turba". Mauduit comparó la situación de los ocupantes del banquillo con Jesucristo, "condenado sin juicio". En su intervención, el fiscal respondió a estas palabras y aseguró que nadie se podía sentir herido de antemano ya que "el juicio empieza ahora".
El juez suspendió la vista para reflexionar sobre las citadas peticiones previas, aunque no sin un cierto barullo. El representante de Inmobiliaria Osuna, Francisco Baena Bocanegra, saltó cuando el juez y el abogado de Luis Recuenco, el arquitecto que firmó el proyecto de derribo, hablaban ya de cómo repartir la pruebas que se iban a añadir al sumario. "Pero qué es esto, si todavía no se ha decidido sobre las preliminares", bramó Baena Bocanegra.
Una instrucción confusa y politizada
Desde que la caída del muro provocó la muerte de cinco personas, la instrucción judicial de los hechos ha registrado informes periciales contradictorios, ha calificado los hechos primero como falta y luego, por decisión de la Audiencia, como delito. Tuvo durante un tiempo al PSOE como acusación particular y causó la dimisión del entonces portavoz del PA en el Ayuntamiento. Éste es resumen de su cronología: - 31 de diciembre de 1998. El muro del antiguo Bazar España cae sobre una parada de autobús y causa la muerte de cuatro mujeres, de 17, 22, 39 y 55 años, y la de un hombre de 52. - Marzo de 1999. El informe pericial encargado por el Juzgado culpa del derrumbe al viento "huracanado y catastrófico" que esa tarde azotó la ciudad. - Noviembre de 1999. Un segundo informe, encargado por las familias de las víctimas al ingeniero de Caminos José Orad, defendía que, además del viento, el derrumbe se debió a errores técnicos en la demolición del edificio y a falta de control de la Gerencia de Urbanismo. - 23 de diciembre de 1999. El alcalde de Sevilla, el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, reconoce la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento y anuncia que indemnizará a los familiares de las víctimas. La iniciativa provocó la dimisión de Mariano Pérez de Ayala, portavoz del PA. Los andalucistas eran ya socios del PSOE en el Ayuntamiento pero un año antes, cuando el muro cayó, dirigían la Gerencia de Urbanismo merced a un pacto con el PP. El gesto de indemnizar a las familias quedó en la entrega de una "ayuda solidaria". - Febrero de 2000. El juez, apoyado por la Fiscalía, califica los hechos de falta, lo que reduce la posible condena a una multa. - Junio de 2001. La Audiencia admite el recurso de los familiares y devuelve el caso al Juzgado de Instrucción para que se juzgue como delito de homicidio por imprudencia grave. - Enero de 2003. Se inicia al fin el juicio. Está previsto que dure más de dos meses.
