El 'corredor' de Illinois
En una decisión in extremis antes de dejar hoy de ser gobernador de Illinois, George Ryan ha conmutado por cadena perpetua las penas capitales de los 157 reclusos condenados a perder la vida en su Estado y ha vaciado los corredores de la muerte de esas cárceles. A pesar del clima de defensa a ultranza de la seguridad tras el 11-S, el valiente paso dado por Ryan pesará sobre el debate en EE UU para abolir la pena de muerte, vigente en 38 de los 50 Estados de la Unión y a nivel federal. Ryan, cuya condición de republicano da aún mayor realce a su acto de clemencia, ya impuso en 2000 una moratoria sobre las ejecuciones en Illinois, ejemplo sólo seguido por Maryland, aunque el nuevo gobernador de este último Estado ha anunciado que las reintroducirá tras estudiar cada caso.
Ryan, que también puso en libertad a tres reos injustamente condenados a muerte, ha basado su decisión en diversos estudios, entre ellos uno de la Universidad local de Norwestern y otro de la Universidad de Maryland. Este último concluía que la fiscalía es más propensa a solicitar la pena capital cuando los acusados son negros. De los 71 ejecutados en EE UU en 2002, 53 eran blancos y 18 negros, pero de los condenados en 2001 a la pena capital 2.000 eran blancos y más de 1.500 negros, lo que no guarda proporción alguna con la composición de la población. Pero si Ryan ha dado este paso no es por desacuerdo con el principio de la pena capital, sino por desconfianza hacia un sistema judicial "perturbado por el fantasma del error judicial". Varios de los condenados lo fueron por confesiones extraídas bajo tortura policial o con ocultación de pruebas por la acusación, lo que echa una sombra de dudas sobre la justicia en EE UU.
La pena de muerte es altamente inmoral, y, en caso de error judicial, no tiene solución. Su desaparición en Europa es un cuestión de valores básicos, y separa las dos orillas del Atlántico con consecuencias prácticas en la cooperación judicial. En EE UU, tras su reintroducción en 1976, se ha convertido en el extremo de una endurecida política penal que no ha tenido efectos significativos sobre el nivel de criminalidad. Al contrario, la criminalidad, tras unos años de reducción, ha vuelto a subir.
La pena de muerte, aunque ha perdido partidarios, cuenta con el apoyo mayoritario de un 70% de la población. Clinton y Gore rechazaron una moratoria general y ningún candidato político de peso se atreve a proponer su abolición. En Tejas, el Estado con más ejecuciones -un 46% de las de 2002-, su anterior gobernador, el actual presidente, George W. Bush, aceptó sin inmutarse 152 entre 1995 y 2000, y evitó la aprobación de leyes para que la pena capital no se aplicase a los menores y a los retrasados mentales. Pero lo ocurrido en Illinois abre la esperanza de que se genere una dinámica que lleve a suspender las ejecuciones en todo el país y, eventualmente, a suprimir este aberrante castigo.
