Holanda desvela un fraude en obras públicas

Cuando la investigación parlamentaria de carácter técnico más esperada de los últimos años criticó el mes pasado en Holanda al Gobierno central, las autoridades locales, la Fiscalía General del Estado, buena parte del funcionariado y a la entidad encargada de regular los monopolios, por no haber impedido que las constructoras pactaran al alza los precios de las obras públicas en los años noventa, todos ellos encajaron la censura con la discreción propia de la culpa colectiva. Todos menos uno: Benk Korthals, antiguo ministro de Justicia que ocupaba ahora la cartera de Defensa y se ha visto forzado a dimitir por falsario.

En julio pasado fue advertido de que las compañías responsables del túnel del aeropuerto de Schiphol -tendido en plena autopista entre Amsterdam y La Haya- habían acordado el coste del proyecto antes de optar a su adjudicación pública. En lugar de abrir las diligencias que el caso requería, Korthals aseguró en noviembre ante el Congreso desconocer cualquier maniobra deshonesta al respecto. Un tropiezo que le ha convertido en la principal víctima de un embrollo donde "la pasividad del aparato estatal", según los autores del informe oficial, titulado La construcción al descubierto, ha permitido que las compañías trivializaran sus prácticas ilegales. Tanto, que llegaron a denominar "dinero del Monopoly" a las sumas extra así obtenidas.

Los precios ilegales y los pactos para repartirse contratos eran una constante y abarcaban desde carreteras a instalaciones eléctricas

Sin cifras

Nombrada por el Parlamento en noviembre de 2001, la comisión investigadora sobre el fraude ha preferido evitar dar cifras para ilustrarlo. Lo único que Marijke Vos, su presidenta, ha dicho es que la media de incremento innecesario de los precios por contrato fue de un 8,8% sobre su precio real. Para el rotativo De Volkskrant ello supondría alrededor de 1.000 millones de euros en daños. Un dato aportado por la Oficina Central de Estadísticas sobre el año 2000 corrobora las pérdidas sufridas por la lentitud estatal. En esa fecha, el sector de la construcción, siempre referido a las obras públicas, firmó contratos por valor de 4.200 millones de euros. La asociación holandesa que controla la competencia calcula que se pagaron 420 millones de euros de más (un 10%) por culpa de los carteles de precios convenidos por las constructoras. El hecho de que una vez iniciada la investigación éstos empezaran a bajar, confirmaría las críticas de Vos, que admitió haberse quedado boquiabierta cuando vio las cifras.

Hija de juez, y poco dada a las frivolidades, Vos aseguró durante la presentación de sus conclusiones que los precios ilegales y los pactos para repartirse contratos eran una constante y abarcaban desde carreteras a instalaciones eléctricas. En el caso del túnel de Schiphol, las firmas involucradas, KSS, Strukton y HBW, inflaron los precios de común acuerdo, pero fueron descubiertas.

Si bien la Fiscalía General del Estado amenazó con demandarlas, al final propuso no llevarlas ante los tribunales si cada una de ellas devolvía un millón de euros al Gobierno. El pacto contó con el beneplácito del Ministerio de Justicia, que consideró costoso y poco práctico litigar en un caso así.

El informe, que reparte críticas sin miramientos, hubiera preferido que los poderes públicos se mostraran menos comprensivos en casos similares. En su opinión, la poca transparencia del sector, favorecida por la ceguera de sus responsables directos, ha permitido que los malos hábitos alcanzaran a los funcionarios encargados de tratar con las constructoras, desde ministerios o ayuntamientos.