CiU se adelanta al Gobierno central y fija un marco estricto a las televisiones locales

Las televisiones locales, tanto públicas como privadas, que emiten en Cataluña deberán obtener la legalización del Gobierno catalán en un plazo máximo de dos meses, según estipula el decreto aprobado ayer por el Consell Executiu. Aunque el decreto oficialmente tan sólo pretende sacar de la alegalidad a estas televisiones, en la práctica el Ejecutivo de CiU va a someterlas a un férreo control legislativo bajo pena de clausurar sus emisiones. El Gobierno fijará todos los parámetros técnicos de emisión e incluso deberá autorizar los cambios de accionariado.

El marco regulador, que afecta a un centenar de televisiones locales de Cataluña, es de carácter transitorio hasta que el Gobierno central apruebe el Plan Técnico de Televisión Digital Terrestre. Según las previsiones del Ejecutivo del Partido Popular, todas las televisiones locales deberán abandonar las transmisiones analógicas y emitir por el sistema digital.

En un plazo de dos meses, las televisiones deberán pedir su legalización al Gobierno catalán. Éste fijará los parámetros técnicos de emisión, por ejemplo la potencia, y según fuentes de Presidencia, ésta quedará limitada al ámbito del término municipal. La oposición parlamentaria ha denunciado reiteradamente la diferente vara de medir legislativa del Gobierno de Jordi Pujol en este asunto ya que, afirman, tan sólo obliga a cumplir las normas técnicas a las televisiones de ayuntamientos socialistas y no a las de los gobernados por CiU o afines políticamente. La Generalitat, por ejemplo, ha requerido a Barcelona Televisió que limite sus emisiones al término municipal, mientras que tolera que otras, por ejemplo en las comarcas del Ebro, dispongan de repetidores de señal en distintas poblaciones.

El decreto permite, en contra de lo previsto por el Gobierno central, la emisión en cadena por parte de diversas televisiones, aunque las obliga a producir el 60% de programación propia y a usar el catalán, según la Ley de Política Lingüística. La norma prohíbe, en el caso de las estaciones privadas, que una persona sea titular de más de una licencia en un mismo ámbito territorial.