Más de 50.000 octogenarios viven solos en la capital

El Ayuntamiento y el Gobierno regional acordaron ayer elaborar un plan de choque, titulado Madrid acompaña, para atender mejor a los 132.595 mayores de 64 años que viven solos en la capital, en especial a los 50.000 que han superado ya los 80 años. El plan consiste en dotar de servicio de teleasistencia, es decir, de un medallón que, en caso de emergencia, se puede pulsar para contactar con una centralita, a otros 45.000 ancianos entre 2003 y 2005. También se prevé contratar a 44 trabajadores sociales que acudan a los domicilios de los mayores para conocer sus necesidades. En 2002 fueron 69 los ancianos hallados muertos en soledad en sus hogares. El objetivo del plan es impedir que aumente esa macabra lista.

Sólo 13.000 mayores disponen ahora de teleasistencia en la capital, según fuentes municipales. El objetivo del programa presentado ayer es ampliar el servicio a otros 45.000 ancianos en tres años, con lo que, para finales de 2005 contarían con telealarma un 44% de los mayores solos y un 80% de los que son ya octogenarios.

La teleasistencia, pese a su utilidad, no ha acabado de cuajar entre los mayores. Prueba de ellos es que, según datos del Ayuntamiento, el año pasado sólo se instalaron 13.000 telealarmas, pese a existir presupuesto para 17.500. La demanda suele ser inferior a la oferta, algo inaudito en los servicios sociales. Por eso, el primer paso del nuevo plan será vencer las reticencias de los ancianos a solicitar esta ayuda. Para ello está previsto escribir a los 132.595 mayores que viven solos para informarles de este dispositivo.

Una de las cuestiones que más retrae a los jubilados es que deben dejar una copia de las llaves de su casa a la empresa que gestiona el servicio para entrar a ella en caso de emergencia. Portavoces de la Consejería de Servicios Sociales explican que esta exigencia se va a flexibilizar de forma que puedan dejar las llaves en casa de algún vecino o familiar de confianza.

Seguimiento diario

También se va a incrementar el seguimiento diario de cada anciano a través de los operadores de teleasistencia. Se pretende que no sólo reciban llamadas, sino que también ellos se pongan en contacto con el mayor para ver cómo está (algo que ahora ya se hace, pero que se pretende reforzar). El servicio será gratuito para los mayores de 80 años, y el resto pagarán cantidades simbólicas.

A partir del envío de las cartas informativas, se instalará la telealarma a los ancianos que lo soliciten, pudiendo realizarse el trámite por teléfono. Además, los 44 trabajadores sociales que se van a contratar para este programa (20 este año; 14 en 2004 y 10 más en 2005) visitarán a aquellos ancianos que nunca hayan recurrido a los servicios sociales para conocer en qué condiciones viven. Lo que se pretende es llegar a aquellos mayores que nunca piden ayuda y que soportan situaciones de penuria y aislamiento.

"Partimos de un supuesto claro, y es que la solidaridad hay que ejercerla con profesionalidad. No es un concepto caritativo, sino profesionalizado y de atención", explicó ayer Ruiz-Gallardón en la firma del convenio con el Ayuntamiento.

Este programa costará 9,6 millones de euros. El 65% lo aportará la Comunidad, y el resto, el Consistorio. Para este año ambas instituciones han comprometido ya 3,5 millones de euros, por lo que, sea cual sea el resultado de las elecciones municipales y autonómicas de mayo, ese dinero está ya reservado.

Sin embargo, Ángel Lara, concejal de IU, califica el acuerdo de "electoralista". "El PP tiene que salir al paso de la alarma social que generan los ancianos que mueren solos y desatendidos. También han diseñado y formado otros planes que luego no han cumplido", afirma.

Por otra parte, el Consistorio ha cedido al Gobierno regional tres parcelas para construir otras tantas residencias de mayores, cada una con 180 camas y un centro de día, en el barrio de Sanchinarro (Hortaleza), en el Camino Alto de San Isidro (Carabanchel) y en San Fermín (Usera). Estos tres geriátricos forman parte de los 39 (7.020 camas) que la Comunidad quiere poner en marcha en esta legislatura. Todos serán construidos por empresas privadas en suelo público y gestionados por ellas durante medio siglo. El 67% de las plazas se destinará a ancianos que puedan pagar precios de mercado, y el 33% será subvencionado por la Comunidad para que puedan acceder a ellas mayores de bajos ingresos.