Huelga agraria

Los sindicatos han convocado para el 20 de febrero una huelga general en Andalucía y Extremadura, las comunidades afectadas por el subsidio agrario, suprimido para nuevos perceptores por el decretazo que reformaba la protección por desempleo y que dio lugar a la huelga del 20 de junio pasado. El resto del decretazo fue ulteriormente rectificado por el Gobierno, mediante otro decreto y sin negociación con los sindicatos. Al inicio de un largo ciclo electoral, el Gobierno parece dudar sobre si le conviene más renunciar a ese útimo residuo de su fallida reforma, lo que no le perdonarían quienes le acusan de entreguismo, o hacerse fuerte en ese punto, denunciando la intransigencia sindical, a riesgo de reabrir el frente social.

La huelga es la respuesta sindical a la oferta de reforma del subsidio presentada por Zaplana el pasado sábado. La propuesta consiste esencialmente en que los jornaleros que no pueden acceder al antiguo subsidio agrario pero que hayan trabajado al menos 35 peonadas, puedan solicitar una llamada "renta de inserción activa", todos los años, y no sólo durante uno como marcaba el decretazo. La cantidad a percibir es la misma: el 75% de salario mínimo durante seis meses al año. A cambio, el jornalero deberá aceptar las ofertas de trabajo que reciba de la Administración y acudir a cursos de formación, una medida que además de prepararle para acceder a futuras ofertas de trabajo contribuye a limitar el riesgo de fraude. La objeción sindical es de procedimiento y de contenido. Plantean que sea restablecido el sistema anterior durante al menos un año, periodo en el que se negociarán eventuales modificaciones. Se reclama, por tanto, el fuero: el reconocimiento del error.

Pero también el huevo. Los sindicatos afirman que esa "renta activa de inserción", que el ministro llama "nuevo subsidio", es una ayuda asistencial, que depende del criterio de la Administración y que, por consiguiente, puede ser retirada en cualquier momento, mientras que el subsidio es un derecho subjetivo del trabajador, una prestación por cotización (a través de la cartilla agraria), del que se derivan otros derechos, como el de la pensión por jubilación. Si se tiene en cuenta que más de la mitad de los perceptores de ese subsidio (360.000 personas) son mujeres y hombres mayores de 45 años, se podrá valorar la importancia de que se acceda mediante ese sistema a la pensión mínima por jubilación.

Zaplana ha planteado una vía paralela de contactos con los presidentes socialistas de las dos comunidades afectadas. No es probable que las posturas de Chaves y Rodríguez Ibarra se distancien mucho de las de los sindicatos en lo esencial: la aceptación de nuevas incorporaciones al subsidio. Pero la iniciativa de buscar interlocutores alternativos puede ser interpretada como una afrenta adicional a las centrales. Con lo que será difícil que se apeen de su propuesta de huelga.