El Gobierno logra un acuerdo con sindicatos y empresarios para reducir la siniestralidad

El Gobierno alcanzó ayer un acuerdo con sindicatos y empresarios para atajar la siniestralidad laboral. El Consejo de Ministros aprobó una serie de reformas que contemplan modificaciones legales para endurecer las sanciones a las empresas que no cumplan con la ley de prevención de riesgos laborales, así como un sistema de premio-castigo en las cotizaciones que pagan las compañías ligado a las cifras de siniestralidad. El acuerdo, que empezará a aplicarse este año, supone un acercamiento entre Gobierno y agentes sociales, tras un año de desavenencias.

Dos semanas de intensas negociaciones antes de finales de año han permitido un acuerdo para intentar frenar el creciente número de muertes por accidente laboral en el último año. Aunque los accidentes totales habían descendido, los fallecimientos en el puesto de trabajo no han dejado de aumentar en 2002, lo que llevó a los sindicatos a exigir nuevas medidas al Gobierno y a amenazar con movilizaciones. El ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, anunció ayer las principales líneas de este acuerdo, que aún debe ser refrendado por la Comisión Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, en la que están representadas las comunidades autónomas. Zaplana ya adelantó ayer el apoyo de las administraciones regionales a este plan. Éstos son sus principales aspectos:

- Cotizaciones más altas para las empresas con más accidentes. El Gobierno establecerá una nueva tarifa de cotización por accidentes de trabajo para adecuar lo que paga la empresa a su nivel de siniestralidad y al del sector en el que se enmarca. Se aplicará el llamado sistema bonus-malus, según el cual las compañías con menos siniestros pagarán menos y las que registren más accidentes incrementarán sus cotizaciones. Este proyecto, una antigua idea del Gobierno, había suscitado muchas reticencias sobre cómo determinar qué empresas deben pagar más en función del sector al que pertenezcan, de mayor o menor riesgo.

- Mayores sanciones. Se modificará la ley de infracciones y sanciones para determinar mejor la responsabilidad de las empresas en los accidentes y hacer cumplir la ley de prevención de riesgos laborales. Todos los cambios legales fijados en este proyecto deberán estar listos antes del 30 de junio, previa consulta con las partes firmantes del acuerdo.

- Reforzamiento de la Inspección de Trabajo. Un total de 700 nuevas personas se incorporarán a las tareas de vigilancia para prevenir posibles accidentes.

- Nombramiento de agentes de seguridad. Las empresas con actividades peligrosas deberán designar a uno o varios trabajadores como responsables de seguridad. Tendrán que permanecer en el puesto de trabajo mientras se mantenga el riesgo.

- Mejor información sobre los accidentes. Un nuevo sistema de información denominado Plan Delta permitirá proporcionar más datos en los partes de accidentes. Hasta ahora, la administración reconocía tener pocas armas para luchar contra la siniestralidad con la información extraída de los propios accidentes. Cuando entre en vigor este proyecto, los partes de accidentes contendrán datos tales como si el empleado estaba contratado por una empresa de trabajo temporal o el tipo de contrato que tenía. Además, se implantará un modelo de información rápida para los accidentes mortales.

- Modernización de las mutuas. Durante el primer semestre de este año se abrirá un proceso de reflexión sobre estas entidades en la gestión de las bajas laborales. Ésta era una de las principales reivindicaciones sindicales. Las mutuas desarrollarán, además, con los agentes sociales, un programa específico para la formación en prevención de riesgos laborales.

El ministro de Trabajo se mostró convencido de que con estas medidas se producirá "una evolución favorable de la siniestralidad laboral". Los contactos con los agentes sociales continuarán a lo largo de este año para concretar el desarrollo de las medidas esbozadas ayer.