Penalistas y constitucionalistas exigen que no se prive de la reinserción al condenado

Siete penalistas y cuatro constitucionalistas consultados por este periódico coinciden en exigir, con distintos matices, la necesidad de que se garantice a todos los condenados la posibilidad de la reinserción, y estiman que, de no hacerlo, se vulnerará el artículo 25.2 de la Norma Fundamental, que impone que las penas privativas de libertad "estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social". El catedrático de Derecho Penal Carlos García Valdés, que formó parte de la comisión de expertos creada para reformar el sistema de penas del Código, asegura que dicha comisión "no avala esta reforma".

García Valdés, que participó en la comisión constituida por el Ministerio de Justicia el 13 de noviembre de 2000 que elaboró un documento "del que nunca más se supo", asegura que reformar "el tope de 30 años y la aplicación de los beneficios sobre ese tope no es fruto de la ciencia jurídica ni de la calma y tranquilidad" y "no tine ningún sentido", entre otras cosas, porque "desconoce el papel de los jueces penales, los de vigilancia penitenciaria, los funcionarios de prisiones y las juntas de tratamiento".

Otro penalista, Gonzalo Quintero Olivares, considera que la idea de que el aumento de 30 a 40 años de duración máxima de la pena "causa sanos efectos contramotivadores en los potenciales criminales (...) sólo puede ser fruto de la ignorancia en materia de política criminal".

Reclusión perpetua

El catedrático Quintero cree que "40 años de condena sin beneficios penitenciarios [pues remitir su cómputo a 100 o 200 es de hecho lo mismo que no tener beneficios] equivale materialmente a la reclusión perpetua". Estima que "sería mejor evitar excarcelaciones escandalosamente prematuras, tanto a terroristas como a otros condenados a largas penas".

Sintoniza con este criterio Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional: "Tendría mejor lectura restringir las condiciones para obtener beneficios, pero negarlos me parece inconstitucional". Cree que tiene "encaje constitucional" la elevación de 30 a 40 años, "pero no poder reducir la pena a menos de 40 años sería inconstitucional, por no permitir la reinserción".

Otro constitucionalista, Marc Carrillo, está también de acuerdo con "establecer criterios legales más estrictos" en el ámbito penitenciario y cree que la elevación de 30 a 40 años "no presenta impedimento constitucional, salvo que se articule de tal forma que excluya la reinserción social del privado de libertad", exigida por la Constitución "sin distinción por razón del tipo delictivo".

En cambio, la penalista Mercedes García Arán estima que "cumplir 40 años de cárcel es inconstitucional porque el condenado, prácticamente a cadena perpetua, no se orienta a la reinserción". Alega "no sólo un discurso de humanidad, sino de eficacia", y recuerda "que ETA está en contra de la reinserción y que el aumento de años de cárcel será un vivero de etarras entre los familiares de los presos".

Para Gregorio Peces-Barba, ponente de la Constitución de 1978, "la clave está en que se garantice la posibilidad de reinserción".

¿Puede garantizarse la reinserción mediante un compromiso de resarcir a las víctimas o cooperar contra ETA? Responde el catedrático de Derecho Penal Francisco Muñoz Conde: "Llamar reinserción a esa vía de colaboración en la lucha antiterrorista, más allá de la renuncia a la violencia, a mí me parece un disparate".

Otro penalista, Guillermo Portilla, dice que "condicionar los beneficios penitenciarios a actos de arrepentimiento moral se identifica más con procesos internos de expiación del pecado que con criterios objetivos de reintegración social". Su colega Nieves Sanz Mulas considera que "la propuesta del Gobierno es inadmisible por contravenir frontalmente el principio resocializador de la Constitución".

El magistrado del Supremo José Antonio Martín Pallín señala: "Según los especialistas, más de 20 años de cárcel desestructuran a la persona y más de 30 años es una pena inhumana y degradante, pero los legisladores decidirán".

El constitucionalista Antonio Rovira, ex Defensor del Pueblo en funciones, reclama que "los beneficios penitenciarios tengan consecuencias reales en el cumplimiento efectivo de la pena", y avisa: "Las penas no tienen que ser crueles para ser intimidatorias".