El juez abre dos causas nuevas para investigar subvenciones otorgadas por Trabajo y Justicia

El caso Turismo se ramifica. El juez que investiga las irregularidades económicas en el Consorcio de Turismo de Cataluña, un organismo dependiente de la Generalitat, ha abierto dos causas penales al margen de esas diligencias para esclarecer si hay o no delito en la concesión de subvenciones de los departamentos de Trabajo y Justicia de la Generalitat a determinadas empresas, así como en el pago de dos informes de dudosa utilidad.

El magistrado Francisco González Maíllo, titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Barcelona, ha adoptado esta decisión después que se lo reclamara el fiscal. Por una parte, el juez abre una nueva causa penal para esclarecer la concesión de subvenciones por parte del Departamento de Trabajo para cursos de formación a las empresas Gestumer, Pasanger, Socersca y Global Business. Por otra, investigará dos estudios sobre el derecho a la propia imagen y el ius variandi empresarial encargados por el Departamento de Justicia que costaron un total de 15.157 euros.

En ambos casos, las sociedades beneficiarias de esas subvenciones están vinculadas a militantes de Unió Democràtica (UDC) imputados en el caso Turismo y también recibieron subvenciones del Instituto Catalán de Telemática Aplicada, una empresa pública de la Generalitat cancelada en abril del año 2000.

Las citadas sociedades fueron las principales beneficiarias de los encargos realizados por el Consorcio de Turismo para que realizaran informes del sector que, en algunos casos, eran burdas copias. Dos de esas sociedades eran "empresas pantalla para desviar dinero público", según aseguró el juez en un auto, pero eso forma parte de las diligencias iniciales. Al margen de ello, un informe elaborado por la Guardia Civil reveló otros pagos públicos y el diputado de ERC Joan Ridao aportó nuevos datos. Con esa información es con la que el juez decide abrir dos nuevas causas penales.

El informe de la Guardia Civil asegura que la empresa más beneficiada por las subvenciones del Departamento de Trabajo fue Gestumer, que entre los años 1997 y 1999 recibió 81,6 millones de pesetas (unos 490.000 euros) para cursos de formación. Entre los accionistas de Gestumer aparecen Lorenzo Acuña, ex cuñado de Josep Sánchez Llibre, ex secretario de organización de UDC, así como el ex socio de éste Josep Górriz, fallecido hace dos meses. El informe de la Guardia Civil asegura también que Gestumer "aparece estrechamente vinculada a las fundaciones Fecea y Fesec", relacionadas con Unió.

Dos de las sociedades que ahora serán investigadas se mantuvieron activas durante años teniendo como único ingreso las subvenciones de la Generalitat.Gestumer también pagó algunas facturas por la reparación y compra de unos equipos informáticos en noviembre de 1996 adquiridos por Fecea y facturados a Building Catalunya, la sociedad patrimonial de Sánchez Llibre que aparece también en el llamado caso Pallerols que investiga otro juzgado.

Un portavoz de Unió declinó pronunciarse ayer sobre la decisión judicial y reiteró que esa formación no tiene nada que ver con los pagos supuestamente irregulares que ahora investigará la justicia. Sánchez Llibre, por su parte, siempre ha defendido su inocencia en la causa y ha negado la relación que detalla el informe de la Guardia Civil. En su opinión, Fecea únicamente hizo la reserva de los equipos informáticos y fue su empresa la que los pagó.

En cuanto a los dos informes encargadados por el Departamento de Justicia, el diputado de ERC Joan Ridao los calificó en su día de "grotescos". Un portavoz de Justicia también declinó ayer evaluar la actuación judicial, aunque este Departamento también ha defendido siempre la legalidad de los informes y ha considerado "deplorable" la actitud de Esquerra.

Mientras tanto, el juez del caso Turismo tiene prácticamente ultimada la instrucción, después de más de dos años de investigación. Para el próximo día 23 ha citado a declarar como imputado por tercera vez a Joan Cogul, ex director general de Turismo y que está en libertad bajo fianza de 45.076 euros.