Sí, ¿y qué?

La consejera portavoz del Gobierno autonómico, Alicia de Miguel, ha comparecido el lunes pasado en las Cortes para desmentir las acusaciones que se vienen endosando a su partido, y especialmente al ex presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, en torno a la promoción de un grupo mediático afín al PP y financiado por la empresa Aguas de Valencia. Es, como el lector sabe, el asunto estelar de estos días y es probable que también lo sea de los próximos meses habida cuenta de los intereses plurales que lo nutren y el aprovechamiento político que propicia. Quizá haya sido este último aspecto el que la audaz consejera quiso abortar mediante el referido lance parlamentario.

No lo tenía fácil. Es mucha la información publicada y hay evidencias sobradas de las andanzas y gestiones efectuadas para desarrollar el aludido proyecto. Más aún: no es soslayable que una de las partes involucradas, de cuyo seno emergen sin cesar papeles y hasta grabaciones, conserve fuel acusatorio bastante para activar un fin de fiesta insólito por lo comprometedor y ruidoso. Tribunas y altavoces no le han de faltar a esta suerte de Prestige que tiñe o ameniza -según como se juzgue- la actualidad política valenciana y muy en particular al partido que gobierna. No lo tenía fácil, decimos, pues, tanto por la abrumadora documentación aireada como por la marea que amenaza.

Por todo ello, precisamente, creemos que la belicosa portavoz erró la línea de defensa, sumariamente reducida a una negación sin matices de los hechos que, por más que le pese, han calado en la opinión pública y, además, no han sido desmentidos por las vías adecuadas. O sea, exigiendo la rectificación allí donde procedía, bien fuera de los medios de comunicación o de la empresa hídrica involucrada, por no hablar de los tribunales, tal como se le requirió por la oposición desde la tribuna de oradores del hemiciclo. En fin, que no se puede driblar el chapapote cuando nos tiene embadurnados de pies a cabeza.

De ahí que, puestos a pechar con el enredo, lo más eficaz a nuestro entender hubiera sido que la portavoz abriese su discurso y línea de defensa con lo que, simultáneamente, era el corolario de su alegato: "Bueno, ¿y qué, señorías? ¿Qué delito tan grave se ha cometido intentando fletar un grupo de prensa y, lo que es más decisivo, plantando cara al chantaje que se urdía?" Porque el chantaje -si nos despiden de la compañía tiramos de la manta, atribuyen a los ejecutivos cuestionados y sospechosos de irregularidades- es una de las claves de este folletón. Una amenaza singularmente oportuna y temible en un momento en el que en tantas almenas periodísticas luce el lema Delenda est Zaplana. Por arrojo o inconsciencia, lo cierto es que no se ha dejado chantajear, con el riesgo obvio de desencadenar este escándalo.

Ignoro si este alarde de franqueza hubiera merecido alguna indulgencia por parte de los críticos o, por lo contrario, se habría traducido en la decapitación política de la consejera portavoz. Pero en todo caso, somos del parecer que tal confesión, seguida de la debida contrición, resultaba menos objetable que la pura y dura negación de lo innegable. Con la ventaja añadida de que los socialistas, tan proverbiales manipuladores del poder mediático cuando pudieron, no están muy legitimados para amonestar a nadie en este terreno. Ellos ni siquiera se excusaron.