El Gobierno y el PSOE preparan por separado endurecer penas a etarras

El Gobierno y el PSOE preparan por separado las reformas legales necesarias para que los presos de la banda terrorista ETA que no rechacen la violencia sean excluidos de los beneficios penitenciarios. Con la actual legislación el condenado con un comportamiento meramente pasivo consigue progresar de grado sin dificultad, así como reducir la pena. "No habrá beneficios penitenciarios si no hay rechazo a la violencia", señaló el responsable de Libertades del PSOE, Juan Fernando López Aguilar.

El ministro de Justicia, José María Michavila, en el Congreso, explicó la pretensión gubernamental: "El principio de reinserción no puede ser el derecho de los terroristas a reincorporarse al terrorismo". Al final, tanto el Ejecutivo como el principal partido de la oposición confluirán, pero de momento no se han intercambiado ni un sólo papel. El lugar de encuentro será la Comisión del Pacto Antiterrorista que no tiene fecha de convocatoria. Estas tareas del gobierno y del PSOE han inquietado al resto de los grupos parlamentarios que ayer alzaron su voz para saber el alcance de esas reformas y tener participación en las mismas, ya para oponerse o para complementarlas.

En el PSOE se aseguró ayer que los grupos parlamentarios pueden estar tranquilos porque su intención es hacerles partícipes de las reformas. El portavoz parlamentario, Jesús Caldera, hará las consultas. Este dirigente socialista se empeñó y consiguió extender a todos los grupos su acuerdo con el Gobierno sobre las medidas de protección de los concejales.

Tampoco parece que el Ejecutivo ponga tenga objeción a que toda la oposición participe en las reformas, según señaló el titular de Justicia, José María Michavila.

De momento Izquierda Unida y el PNV muestran reticencias, según sus portavoces respectivos Felipe Alcaraz e Iñaki Anasagasti, dado que consideran dudosa que a los etarras les arredre la perspectiva de no tener beneficios penitenciarios. El portavoz adjunto de CiU, Manel Silva, pidió que la discusión se produzca en el seno del Pacto por la Justicia en el que están todos los grupos y no se haga sólo entre el PSOE y el PP.