El Poder Judicial analiza la actuación del juez Ruiz Polanco en el 'caso Prestige'

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha pedido al Servicio de Inspección un informe sobre el auto dictado por el juez central 1 de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco, en el que prohibió navegar por aguas españolas a los buques de países relacionados con el vertido del Prestige.

El juez Ruiz Polanco abrió diligencias previas por la denuncia de un abogado sobre el vertido del Prestige, en las que requería al Gobierno, a través del ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, para que impidiera la navegación por aguas jurisdiccionales españolas de los buques que figuran en la lista negra publicada por la Comisión Europea.

La prohibición judicial comprendía a todo buque que guardase cualquier relación con los Estados nacionales de matriculación o de abanderamiento del Prestige o de nacionalización de sus propietarios y de las compañías que se hubieran relacionado con el buque en los tres últimos años. En la práctica, la prohibición de navegar por aguas españolas afectaba, al menos, a barcos de Liberia, Grecia, Bahamas, Reino Unido, Gibraltar, Rusia, Letonia, Holanda e incluso España.

La denuncia, aceptada por Ruiz Polanco con carácter de urgencia, fue remitida después por el juez a reparto entre los demás juzgados de la Audiencia. El caso correspondió a la juez Teresa Palacios, que, a petición del fiscal, revocó de inmediato las medidas de su compañero. La juez también acordó el archivo de la denuncia, por no ser competente la Audiencia Nacional para investigar delitos contra el medio ambiente.

El fiscal jefe de la Audiencia, Eduardo Fungairiño, y el presidente de la Audiencia Nacional remitieron el auto a la Fiscalía del Estado y al Consejo del Poder Judicial a efectos de determinar si Ruiz Polanco pudo haber incurrido en un delito de prevaricación (dictar resolución injusta a sabiendas de que lo es) o a efectos disciplinarios.

Carta de IU a Cardenal

Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, ha enviado una carta al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, en la que le pide que "no se esconda" y aclare si la Fiscalía ha admitido a trámite o rechazado la denuncia de IU contra el ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, y de Medio Ambiente, Jaume Matas, por la posible comisión de delito ecológico derivado de su gestión al frente de la crisis del Prestige. IU entiende que Cardenal no debe limitarse a remitir la denuncia al juzgado de Corcubión (A Coruña) que lleva el caso.