Rebeldes por naturaleza
Más del 20% de los andaluces rechaza las acciones colectivas a favor del medio ambiente
En las encuestas es fácil mostrarse "políticamente correcto", elegir aquellas respuestas más "convenientes" desde el punto de vista social, expresar deseos que difícilmente se traducen en acciones concretas. A esta tendencia no escapa el Ecobarómetro de Andalucía, un sondeo que, con periodicidad anual, trata de determinar el grado de conciencia ambiental de los ciudadanos, y cuyos resultados, correspondientes a 2002, se presentaron a mediados de la pasada semana.
Éste es un instrumento desarrollado por los especialistas del Instituto de Estudios Sociales de Andalucía (IESA) por encargo de la Consejería de Medio Ambiente, que se estructura en torno a una encuesta cuya metodología permite establecer comparaciones entre diferentes ejercicios y, asimismo, con sondeos similares realizados en otras regiones europeas. Este año se realizaron 1.312 entrevistas, distribuidas de tal manera que conformaran una muestra representativa, y fiable, de la población andaluza.
A grandes rasgos, el Ecobarómetro revela un aceptable grado de sensibilidad ambiental en los andaluces, algo que ya se había puesto de manifiesto el pasado año, cuando se estrenó este sistema de análisis sociológico. Aunque la situación económica continúa siendo el problema que más preocupa a los ciudadanos (así lo confiesa el 85% de los encuestados), el medio ambiente se coloca en quinto lugar (con un 16% de respuestas), aventajado por la salud (26%), la seguridad ciudadana (30%) y la inmigración (18%), pero muy por delante de la exclusión social (8%), la política (8,2%), las infraestructuras (5,4%), la educación (5,5%), la vivienda (3,5%) o la cultura y el deporte (0,7%).
Fieles a esta sensibilidad, los andaluces muestran algunas actitudes ciertamente combativas. El 78% de los encuestados, por ejemplo, no estaría dispuesto a que se instalara en su localidad de residencia una fábrica que, aun creando muchos puestos de trabajo, originara una importante contaminación. Asimismo, casi el 76% de los ciudadanos cree que debería limitarse el crecimiento urbanístico en la zona litoral, más del 77% se muestra favorable a restringir el uso privado del automóvil en la ciudad y otro 77% se manifiesta dispuesto a modificar sus hábitos de consumo para proteger el medio ambiente.
Este tipo de respuestas llevaron a la propia consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, a asegurar que los ciudadanos "son, en algunas cuestiones, más ecologistas que la propia Administración". Sin embargo, otros resultados del sondeo revelan carencias que otorgan un carácter relativo a estas actitudes favorables. Como explica Eduardo Moyano, director científico del Ecobarómetro, "la deseabilidad es un factor que siempre está presente en este tipo de encuestas y así, por ejemplo, los ciudadanos llevan años mostrándose dispuestos a modificar sus hábitos de consumo, y éste es un deseo más que una realidad".
Aunque sensibles a estas cuestiones, los andaluces se confiesan desinformados: apenas un 17% de los encuestados se considera bastante o muy informado sobre aquellos asuntos relacionados con el medio ambiente. Y esto es algo que se pone de manifiesto cuando han de identificar al organismo de la Administración que, en Andalucía, se ocupa de esta materia: tan sólo un 26% de los ciudadanos cita a la Consejería de Medio Ambiente, mientras que más de un 54% no contesta o no sabe qué contestar y casi un 20% ofrece respuestas erróneas.
Los andaluces creen que sus conciudadanos se preocupan poco o nada por el medio ambiente (43,2 %), y estiman que es la Administración la que debe asumir el mayor protagonismo en la solución de estos problemas, por encima de la sociedad civil. En este caso, se desprecian incluso las respuestas "políticamente correctas", ya que más de un 20% de la población rechaza implicarse en acciones colectivas que busquen mejorar esta parcela. Casi un 30% de los encuestados confiesa que no han participado ni participaría en una manifestación contra un proyecto que pudiera dañar al medio ambiente y más de un 24% renuncia a participar como voluntarios en actuaciones para conservar el medio ambiente.
Este tipo de respuestas son particularmente valiosas para los especialistas que analizan el sondeo y, en definitiva, para la propia Consejería de Medio Ambiente, ya que muestran la existencia de lo que se denominan sectores sociales "rebeldes", ciudadanos, precisa Eduardo Moyano, "que se resisten incluso a expresar esos buenos deseos, que no son favorables a la participación". Las campañas de educación ambiental deben orientarse, precisamente, a estos ciudadanos, y ésa es una de las utilidades del Ecobarómetro, que ofrece datos suficientes para determinar el perfil de estos grupos.
Comentarios y sugerencias a propósito de Crónica en verde pueden remitirse al e-mail: sandoval@arrakis.es
Políticos a examen
Ninguna otra Administración española se somete, de forma periódica, a un examen como el que plantea el Ecobarómetro de Andalucía, instrumento que está en manos de investigadores adscritos al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La credibilidad del IESA, y la transparencia con la que la Consejería de Medio Ambiente gestiona los resultados que este organismo le facilita, permiten indagar en cuestiones que a los políticos les resultan, cuando menos, incómodas, aunque potencialmente muy valiosas a la hora de orientar sus acciones.
El grado de confianza que a los andaluces les merecen los partidos políticos, como agentes activos en la conservación del medio ambiente, está, en todos los casos, por debajo del aprobado. En una escala del 1 al 5 (en la que 3 puntos se considera el umbral del aprobado) tan sólo Los Verdes se acerca a una nota aceptable (2,55), seguidos por el PSOE (2,27), Izquierda Unida (2,2), Partido Andalucista (2,11) y Partido Popular (1,95).
En lo que se refiere a las distintas administraciones, los encuestados otorgan la mejor calificación, en sus compromisos ambientales, a la Junta de Andalucía (2,86), seguida por la Unión Europea (2,68), los ayuntamientos (2,66) y, por último, el Gobierno central (2,35). Tampoco en este caso se consigue un solo aprobado.
Las organizaciones ecologistas son, con diferencia, las que gozan de una mayor credibilidad social, al conseguir una puntuación de 3,52, casi el doble de la que obtienen, de forma global, los partidos políticos (1,95).
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