Indemnizaciones con retraso

El Fondo de Garantía de Inversiones (FGI) nació hace un año para compensar a los inversores que hubieran perdido su dinero por la actuación irregular de entidades cuya insolvencia fuera anterior al 1 de enero de 2002 a las que habían confiado su ahorro. Los clientes de AVA y de Gescartera se quejan del retraso en el pago de sus indemnizaciones, 20.000 euros como máximo por persona.

Adicae denuncia que lo único que persigue el Fondo es retrasar los abonos con constantes peticiones de documentos

Los pagos comenzaron el pasado 15 de octubre, pero el Fondo no ofrece datos respecto a quiénes corresponden estas indemnizaciones

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), que, según sus responsables, representa los intereses de cerca de 2.000 inversores de la Agencia de Valores Aragonesa (AVA, Asesores de Valores) y de unos 1.200 de Gescartera, asegura que, según sus datos, la Gestora del Fondo de Garantía de Inversiones "tan sólo ha pagado, desde que el 15 de octubre comenzara a abonar las correspondientes indemnizaciones, a unos 40 clientes de Gescartera. A nadie de AVA, Asesores de Valores y ello a pesar de que este escándalo financiero es anterior en el tiempo, además de que se tienen identificados a sus clientes porque, de hecho, ya se les ha abonado una parte de la liquidez que mantenían en esta entidad".

A juicio de Adicae, "se están incumpliendo todos los plazos -a mediados de mayo, desde el FGI se aseguró que se empezaría a pagar en junio- y parece que lo único que se persigue es retrasar los abonos con peticiones de documentos constantes y excusas que, en ocasiones, parecen inverosímiles".

Cristóbal de Barrionuevo, presidente de la gestora del FGI, considera que estas críticas no se ajustan a la verdad. "Desde que se abrió el plazo de presentación de reclamaciones y hasta que se cerró -la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) lo amplió en tres meses, hasta el 30 de junio de 2002- hemos recibido 6.700 reclamaciones de AVA, Asesores de Valores, unas 1.900 de Gescartera y alguna más de un centenar sobre otras entidades. Para cada una de las reclamaciones se abre un expediente, que ha de ser revisado y completado. Todo lleva su tiempo, pero se empezó a pagar el 15 de octubre y, desde entonces, todos los 15 y 30 de cada mes se abonan las indemnizaciones ya firmadas y aceptadas por los clientes. Sobre si esas indemnizaciones corresponden a inversores de AVA, Asesores de Valores o a clientes de Gescartera no damos datos".

Escasa información

Cristóbal de Barrionuevo defiende lo que, según Adicae "es una falta total de transparencia, un oscurantismo propio de una entidad privada que no cuenta con los suficientes medios para abordar este problema", señalando que no ofrecen datos concretos sobre el número de reclamaciones ya definitivamente cerradas y abonadas, ni sobre las cerradas y pendientes de pago, ni sobre las que aún tienen los expedientes incompletos por falta de documentación o porque la que se ha remitido no es la correcta "porque si lo hiciéramos, en los días siguientes a su publicación, recibiríamos una avalancha de llamadas de los clientes de estas sociedades preguntando por qué a ellos no y a otros sí, lo que retrasaría nuestro trabajo que, en definitiva, es pagar a cada uno de los afectados lo que le corresponde".

Cartas a los reclamantes

Según De Barrionuevo, "se están siguiendo todos los trámites necesarios para asegurar que se paga a quien se debe pagar. Todos los reclamantes han recibido por lo menos dos cartas, una en la que se les facilitaba el número de su expediente y otra en la que se aclaraban, en los casos en que la documentación aportada no era la correcta, todos los datos necesarios para cerrar estos expedientes. En los próximos días, todavía un buen número de inversores recibirán, por correo certificado, otra carta aclarativa sobre la documentación necesaria. Cuando los expedientes están completos se remite, de forma inmediata, una tercera carta en la que se hace una propuesta de indemnización. Si el cliente la acepta, simplemente se le abona".

El Fondo de Garantía de Inversiones nació oficialmente al amparo de un real decreto del mes de agosto del año 2001. Se trata de una entidad gestionada por sociedades y agencias de valores. No fue hasta el 30 de noviembre de ese mismo año cuando la CNMV aprobó su presupuesto y, con ello, se pudo formalizar ante notario su constitución efectiva. Ha pasado, por tanto, más de un año desde su puesta en marcha efectiva.

Los casos AVA y Gescartera son , sin duda, los escándalos financieros más conocidos de los últimos años. No sólo por la magnitud de lo perdido sino también por sus repercusiones políticas. Organismos reguladores de todos los países (Comisión Nacional del Mercado de Valores, incluida) no cesan de advertir a los inversores sobre las actuaciones de determinadas sociedades que, a su juicio, no actúan de forma completamente legal.

A lo largo del año 2002, la Comisión Nacional del Mercado de Valores tan sólo ha incluido en su página de Internet (www.cnmv.es) una advertencia sobre Capital Intermediate Services, SA, sociedad domiciliada en Madrid, en Henri Dunant número 19. En esta advertencia, la CNMV deja claro que: primero, no es una entidad registrada en la CNMV; segundo, no está autorizada para apelar o captar ahorro del público; tercero, la CNMV tiene indicios de que ha venido realizando actividades propias de las empresas de servicios de inversión sin la preceptiva autorización; y cuarto, el Consejo de la CNMV ha incoado un expediente sancionador a la entidad Capital Intermediate Services y a los miembros de su consejo de administración por la presunta comisión de una infracción muy grave consistente en el desarrollo habitual de la actividad de gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión de terceros, sin haber obtenido la preceptiva autorización y hallarse inscrita en los correspondientes registros administrativos.

En los últimos 12 meses, los organismos reguladores del mercado de países eurospeos, como Irlanda, Bélgica, Holanda... han advertido sobre más de 40 sociedades "informando de que dichas compañías podrían estar prestando servicios de inversión sin la debida autorización, bien ofreciendo sus propias acciones a inversores sin haber registrado el preceptivo folleto de oferta pública de venta de acciones, bien utilizando el término "banco" sin estar autorizadas para ello. De todas ellas se puede encontrar en la página del inversor de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en Internet, una completa información.