El objetivo europeo en I+D y el futuro de España

Es cierto que predecir el futuro es de las actividades más fútiles que podamos imaginar, pero reflexionar sobre el modelo de desarrollo que deseamos para nuestro país es necesario para el diseño de estrategias presupuestarias, fiscales y empresariales coherentes con ese modelo. Fue el presidente Clinton quien insistió en recordar a sus conciudadanos que la mitad del crecimiento económico de los EE UU durante las últimas décadas fue debido a lo que se conoce por investigación y desarrollo, I+D. En ambos lados del Atlántico Norte, y en ambos lados del Pacífico Norte, pocos dudan sobre el papel de la I+D como actividad imprescindible para asegurar la capacidad de competir de sus empresas y el futuro bienestar de sus ciudadanos. Los EE UU y Japón traducen esta creencia en un gasto en I+D del 2,7% y 3,0% del PIB respectivamente, muy por encima del esfuerzo europeo. Y como resultado de esta creencia y de la desventajosa comparación con nuestros competidores, los jefes de Estado y Gobierno de la UE acordaron en la cumbre de Barcelona [marzo, 2002] , aún bajo presidencia española, que las inversiones en I+D deben pasar del 1,9% del PIB del año 2000 al 3% en el año 2010, aumentando en el mismo periodo la participación del sector privado desde un 56% del esfuerzo en I+D hasta una participación de dos tercios. Bien, pues manos a la obra.

La política de I+D debería ser consensuada y única para el Gobierno central y los autónomos

En España corremos el peligro de caer de nuevo en la tentación del 'que inventen ellos'

Un 3% en la UE no quiere decir un 3% para cada país miembro de la Unión; no olvidemos que Suecia y Finlandia ya lo superan con creces gracias, precisamente, a que más de dos terceras partes de su esfuerzo es debido a la industria privada, y no es cuestión que su objetivo sea disminuir su esfuerzo, aunque tampoco es de esperar que lo aumenten mucho más. El tercer país es Alemania, cuyo esfuerzo supera el 2,5%, del cual dos terceras partes son financiadas por el sector privado, y muy probablemente alcanzará el objetivo del 3% en 2010. El presidente Chirac, al menos antes de las elecciones, prometió que Francia llegaría al 3% en 2010, y en el Reino Unido el Ministerio de Finanzas está trabajando en un plan que incluye un aumento real anual del 10,5% de los fondos dedicados a la investigación pública durante los próximos cinco años.

A pesar de todo ello no hay que ser muy sagaz para entender que los países que más tendrán que aumentar sus inversiones en I+D son los que menos esfuerzo hacen en la actualidad, entre los que se cuenta España, con un 0,96%, la mitad del valor europeo, financiado en un 50% por fondos privados, 39% públicos y el resto provenientes del extranjero. Y es bueno que sea así, porque la convergencia en actividades de I+D es importante para evitar una Europa con un diferencial excesivo entre los ricos y los pobres. Vale la pena recordar aquí que dos de los países candidatos a incorporarse a la UE, Eslovenia y la República Checa, ya muestran un esfuerzo superior al español en I+D.

España, como cada uno de los Estados miembros de la Unión, deberá elaborar un plan plurianual de actuaciones presupuestarias, fiscales y legislativas que aseguren un crecimiento importante y regular de la investigación pública, y uno aún más importante de la privada a lo largo de los próximos ocho años. Imaginémonos que queremos que España pase de estar a la mitad del esfuerzo europeo, 0,96% comparado con 1,9%, a estar a tres cuartas partes del esfuerzo acordado en el año 2010; es decir, un 2,25% comparado con el 3%. Este esfuerzo en el 2010 se distribuiría, según lo acordado en la cumbre de Barcelona, en un 1,5% privado, quizás un 0,6% público y el resto con financiación proveniente del extranjero. Así pues, el esfuerzo público debería pasar del 0,37% del PIB actual al 0,6% en el 2010. Sin entrar en más detalles, teniendo en cuenta que los presupuestos del 2003 ya no admitirán muchas modificaciones, y dado que el crecimiento más la inflación suman aproximadamente un 5% al año, será necesario un aumento de los fondos de I+D presupuestados de alrededor del 12% anual en euros corrientes. Aunque este objetivo sea posible, parece difícil de alcanzar si no existe un compromiso claro y una voluntad firme y constante por parte de los sucesivos Gobiernos. Con este crecimiento se podrían poner en marcha, si no todos, sí la mayoría de los proyectos serios de I+D que se han pergeñado, analizado y evaluado en los últimos años.

Más difícil es el reto para el sector privado. Pasar de un esfuerzo del 0,47% del PIB al 1,5% parece utópico, pero intentarlo no lo debería ser. En el ranking de las 400 empresas que más recursos invierten en I+D de todo el mundo no hay ni una sola empresa española y en las siguientes 100 sólo hay dos: Telefónica y Repsol. Lo que invierten estas dos empresas es menos que el 0,1% del total de las 500. Esta bajísima concentración de la inversión empresarial en I+D es posiblemente el peor indicador de I+D de nuestro país y de muy difícil corrección. Además, la empresa española está poco habituada a inversiones cuyo tiempo de retorno es largo, como ocurre con las actividades de desarrollo, quizás porque hay problemas más urgentes que resolver y porque la economía ha crecido a buen ritmo sin grandes inversiones en I+D. Y por si fuera poco, las empresas que son activas en I+D frecuentemente la ejecutan fuera de España, buscando, lógicamente, los mejores entornos. Pero los tiempos cambian, los sueldos españoles no serán competitivos en una Unión Europea ampliada, los fondos estructurales nos llegarán con un ritmo bastante más moderado y la España de hoy, por suerte, no es la de antaño, tan lejana de Europa que por poco que hiciera con acierto tenía que crecer. No está de más recordar también que son muchos los estudios que indican la existencia de una correlación marcada entre la intensidad de la inversión en I+D, por un lado, y la ganancia de productividad y el crecimiento de ventas, por el otro.

Los países que quieran asegurar el bienestar de sus ciudadanos en un mundo global tendrán que tener un sector productivo innovador, pero como dijo el premio Nobel de Física Jerome Friedman: "La innovación es la clave del futuro, pero la investigación es la clave de la innovación". La efectividad de lo que se llama I+D+i depende en gran medida de un equilibrio de todas sus partes. No olvidemos que en los EE UU un 73% de las publicaciones citadas por las patentes industriales presentan resultados de investigación financiada públicamente. Los fundamentos de este complejo entramado los proporciona la investigación básica, aquella que aparentemente no tiene una utilidad práctica inmediata y que, movida por la curiosidad, amplía nuestros conocimientos sobre la naturaleza. Precisamente por esto es responsabilidad casi exclusiva de los Gobiernos. Le sigue la investigación aplicada, de carácter más utilitarista, que transforma los conocimientos adquiridos gracias a la investigación básica en conocimientos supuestamente útiles. Esta investigación debe ser financiada por los Gobiernos y por los departamentos de I+D de las grandes empresas. La prueba de su utilidad requiere el desarrollo de tecnologías, métodos, procedimientos y productos de potencial interés comercial, cuya financiación debe ser dominantemente empresarial.

Finalmente, con el producto de la actividad de desarrollo la empresa debe innovar, es decir, conseguir que ese nuevo producto sea bien aceptado por el mercado y produzca beneficios. Los gastos de la innovación deben ser exclusivamente empresariales, igual que los beneficios. El sistema no es lineal; la investigación básica requiere y, a la vez, desarrolla tecnología punta, y las dos necesitan y fomentan un entorno innovador. No olvidemos que gastar poco en I+D cuesta caro: por cada euro que ingresamos los españoles por venta de tecnología al extranjero gastamos siete por compra.

Hay grandes confusiones sobre quién debe hacer qué. Pedirle a los investigadores que innoven y sean empresarios es como pedirle a los empresarios que hagan investigación básica y sean investigadores. Aquellos que lo hagan, estupendo. Pero probablemente la persona formada como empresario sea, ceteris paribus, mejor empresario que la formada como investigador, y viceversa. Cuanto menos obvio sea el valor comercial de los conocimientos producidos por la actividad de I+D+i, más debe estar financiada por el erario público. Un informe del Comité de Desarrollo Económico de los EE UU, formado por 250 líderes empresariales y educadores, concluye de la siguiente forma: el Gobierno debe ante todo garantizar una excelente investigación básica y una educación impecable y dejar en manos de las empresas el desarrollo de nuevos productos y la innovación. Incluso advierte de que las actividades de transferencia de tecnología, aunque importantes, no deben comprometer la misión fundamental de las universidades y centros de investigación públicos, es decir, la formación y la investigación. Cada uno a lo suyo. Lamentablemente, también la política científica europea es bastante confusa al respecto, y así nos va a los europeos. El VI Programa Marco de I+D de la Unión Europea, cuyos fondos son públicos, está muy dirigido hacia la investigación empresarial, que es difícil de compartir, ya que es la que permite mejorar de forma inmediata la competitividad. Sin embargo, la investigación básica, cuyos beneficios son mucho menos obvios, menos localizados y más lejanos en el tiempo y que, por lo tanto, es mucho más fácil de compartir, está muy poco subvencionada por la Comisión Europea. La necesidad de una Agencia Europea de la Investigación, independiente de la Comisión Europea y de los Gobiernos de la UE, que financie la investigación básica con el único requisito de la calidad, sin juste retour, me parece más perentoria que nunca.

En España corremos el peligro de caer de nuevo en la tentación del 'que inventen ellos', que continúa siendo un sentimiento muy extendido. Pero no funciona, puesto que "inventar" da beneficios más allá del "invento". Hace algunos años pregunté a un panel de profesores de las universidades del entorno de Boston si podíamos prescindir de la investigación básica, ya que es pública y sus resultados se publican. Unánimemente dijeron que no: sin investigación básica no hay buenos profesores universitarios; sin éstos no hay una buena formación; sin ésta no tendremos los cuadros, dirigentes y líderes que aseguren el bienestar de nuestro país. Quizás sea pertinente recordar aquí que los tres países con mayor fracaso escolar en la UE, Portugal, España e Italia están en la cola del esfuerzo en I+D, y los tres con el menor fracaso escolar, Suecia, Austria y Finlandia figuran entre los que lideran este esfuerzo.

En España hay mucho por hacer, y no todo es un aumento de recursos, aunque sin él no mejoraremos mucho. Los MBA que ofrecen las escuelas de negocio deberían incluir formación en I+D. Los departamentos de I+D de las empresas deberían tener una presencia de investigadores con título de doctor muy superior a la que tienen la mayoría de ellos. Las estrategias de I+D de nuestro Gobierno se deberían discutir en sesiones plenarias en el Congreso de los Diputados.

Lo que llamo la paradoja española, es decir, tener la mejor legislación europea de desgravación fiscal por inversiones en I+D, pero cuya aplicación práctica es tan insatisfactoria para los empresarios que no sirve de estímulo, debe ser analizada y resuelta conjuntamente por el Ministerio de Hacienda y las asociaciones empresariales. La política de I+D debería ser consensuada y única para el Gobierno central y los Gobiernos autónomos. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) debería ser una institución autónoma y cofinanciada al servicio de esa política consensuada. La presencia de investigadores extranjeros no debería ser impedida por exigencias de homologación del título de doctor, desconocidas en los países avanzados. Lo que debemos homologar es nuestro sistema de I+D, el público y el privado. ¿O es que es razonable creer que con la mitad de esfuerzo en I+D vamos a converger en bienestar económico y social con Europa?

Rolf Tarrach es presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).