El pacto de Barcelona sobre inmigración

Siempre es alentador que la clase política decida no hacer electoralismo ni demagogia en temas tan sensibles y complejos como el de la inmigración. Por ello esperemos que fructifiquen las propuestas del acuerdo alcanzado por todos los grupos políticos del consistorio barcelonés para trabajar unidos con vistas a fomentar la integración de los inmigrantes. Un acuerdo que aporta propuestas como la petición para que se conceda permiso de trabajo temporal a los inmigrantes sin papeles contra quienes se dictaron órdenes de expulsión que luego el Gobierno no ejecutó en el plazo previsto, a los que, según la ley, jamás se podría regularizar pese a permanecieran para siempre en España. Éste es el caso de miles de subsaharianos que deambulan por el territorio español, a los que, al tener esa orden de expulsión inaplicable, la ley actual convierte en parias jurídicos, siendo las organizaciones humanitarias y asistenciales, así como los servicios sociales de los ayuntamientos y las comunidades autónomas, los encargados de prestarles ayuda en su agonía indefinida.

Pero leyendo en EL PAÍS las declaraciones que realizaron los diferentes portavoces políticos municipales en la rueda de prensa conjunta del pasado día 18, surgen muchas dudas sobre la eficacia del acuerdo. Así, por ejemplo, según el concejal de CiU Joan Puigdollers, el acuerdo demostraba que se había pasado de pedir papeles para todos a exigir el cumplimiento de la legalidad vigente. Pues bien, la propuesta antes comentada, asumida por todos los grupos municipales, de dar papeles de trabajo a aquellos contra quienes se dictó una orden de expulsión que jamás se ejecutó significa ni más ni menos que pedir que se cambie o que se vulnere la ley. Y es que el problema principal de la actual Ley de Extranjería es que resulta inaplicable. Si consultamos las estadísticas de la Comisaría General de Extranjería y Documentación, vemos que en 2001 se abrieron en España 23.487 expedientes de expulsión, de los que 12.976 acabaron en orden de expulsión. Pero de estas órdenes sólo se ejecutaron 3.817.

La ley que dice perseguir la inmigración ilegal ha fracasado, ya que obliga a los que llegan a ser ilegales al no admitir maneras legales de entrar. La política de cupos este año ha fracasado estrepitosamente, apenas se recurre a la posibilidad de regularizar por motivos humanitarios o de arraigo y lo que se llamaba "régimen general", por el que se regularizaba a quienes cumplían requisitos como tener trabajo, ya no se aplica. Por ello no ha de extrañar a nadie que la bolsa de irregulares crezca más y más, como se puede deducir de las mismas estadísticas del Ministerio del Interior.

Así, en 2001 entraron en España 154.383 colombianos, pero sólo salieron 6.858. Si cotejamos este dato con el de los residentes, 48.710 colombianos, muchos de los cuales llevan bastante tiempo en España, ¿dónde están los que faltan? Lo mismo ocurre con los ecuatorianos: entraron 97.791, pero sólo salieron 1.091.

La Ley de Extranjería genera población vulnerable que queda fuera de la ley, y corresponde a los ayuntamientos y a la Generalitat intentar resolver muchos de los problemas asistenciales, sanitarios y educativos que se derivan. Pero si lo que se desea es evitar que se rompa la cohesión social en los barrios que reciben más inmigrantes, eso no lo resuelve ni Barcelona, ni Mataró, ni L'Hospitalet con ningún pacto político o ciudadano. Eso, simplemente, exige que se cambie la ley, para que se conviertan en ciudadanos con derechos, sin los cuales jamás se integrarán.

Xavier Rius-Sant es periodista.