Partidos y sindicatos critican el contingente de inmigrantes para el año próximo

El Consejo Superior de Inmigración, órgano de coordinación en el que están representados el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, estudiará hoy la propuesta de 10.575 ofertas de empleo para extranjeros durante el año próximo presentada por el Gobierno. Además de estos trabajos de larga duración, la propuesta contempla la concesión de 13.762 permisos para temporeros.

La cifra ha sido recibida con escepticismo por partidos políticos, sindicatos y ONG. Para la secretaria de Políticas Sociales y Migratorias del PSOE, Consuelo Rumí, "el Gobierno ha vuelto a rectificar su política".

Aunque esa rectificación incluye varias propuestas del PSOE, que el Ejecutivo presenta como propias, la dirigente socialista las considera insuficientes: "Siguen sin existir estudios fiables y contrastados que avalen la estimación de contrataciones; la situación de los servicios públicos de empleo sigue sin garantizar que, previamente a la contratación en el exterior, se compruebe la inexistencia de trabajadores en España que puedan desempeñar los puestos ofrecidos; además, el Gobierno no ha reforzado la Administración que debe llevar a cabo las tramitaciones y de cuya eficacia depende la gestión ágil y controlada de las ofertas".

En este último punto coincidieron los portavoces de IU, Susana López, y de CiU, Carles Campuzano. La primera vaticinó que la gestión de ese cupo será un "fracaso" por su proceso "farragoso, complejo y absurdo", que "no da salida al embolsamiento de mano de obra que se halla en situación irregular". Campuzano aludió al "mal diseño y pésimo funcionamiento del cupo de este año".

Cautela sindical

La responsable de inmigración de UGT, Almudena Fontecha, se mostró cauta: "Habrá que ver si los empresarios se comprometen con este sistema, ya que hasta septiembre de este año sólo habían presentado algo más de 2.000 ofertas a los más de 8.000 puestos autorizados".

El representante de CC OO, José María Díaz-Ropero, criticó que el Ejecutivo vaya a aprobar un nuevo contingente sin haber presentado los resultados del 2002 y cuestionó la capacidad de la Administración para gestionar el nuevo cupo.

En la misma línea se manifestó el presidente de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME), Mustafa El Mirabet, para quien el compromiso de los empresarios es más importante que la cifra decidida por el Gobierno. También dijo que está preocupado por la corrupción en las Administraciones de los países de procedencia de los inmigrantes, y más concretamente de Marruecos. Con el fin de evitar los fraudes, ATIME ha solicitado al Gobierno participar en la comisión de selección de los candidatos a trabajar en España, que aún no se ha constituido.