CiU y PP lanzan contra Maragall el informe de la sindicatura sobre las "irregularidades" de Movilma

Convergència i Unió (CiU) y el Partido Popular (PP) exigieron ayer al líder de los socialistas catalanes, Pasqual Maragall, que "dé explicaciones" y "asuma responsabilidades" personalmente por el caso Movilma. Ambos partidos resucitaron ayer el caso -que afecta al Ayuntamiento de Barcelona en el periodo en que Maragall era alcalde- a raíz de un informe que la Sindicatura de Cuentas aprobó ayer y que ratifica las "irregularidades" en los contratos municipales con este grupo empresarial, que suspendió pagos en diciembre de 1995. Los socialistas se mostraron "satisfechos" porque el informe "no aporta nada nuevo" con respecto a la investigación judicial, archivada en 2000.

El informe sobre le caso Movilma fue reclamado el año pasado por el Parlament a iniciativa del PP, en pleno auge del caso Pallerols -de presunta financiación irregular de Unió Democràtica con fondos de Trabajo-. Fuentes de la sindicatura explican que el informe certifica una por una las "irregularidades" que ya detectaron la fiscalía y Hacienda en las relaciones entre este grupo de empresas -impulsado por militantes socialistas- y el Ayuntamiento de Barcelona.

En 1996, la fiscalía detalló varias anomalías administrativas, pero descartó la existencia de tráfico de influencias. Un dictamen de Hacienda de 1998 también certificó anomalías contables, pero descartó cualquier tipo de irregularidad penal. El juez acabó archivando las diligencias en 1999 y la Audiencia de Barcelona dio el carpetazo definitivo en 2000.

El informe de la sindicatura ha sido elaborado por Manuel Barrado, avalado por el PP, y por Josep Maria Carreras, elegido a propuesta de los socialistas, y revisa los contratos firmados por las empresas del Grupo Movilma con el Ayuntamiento de Barcelona entre 1986 y 1996. El estudio, que será remitido próximamente al Parlament, pone de manifiesto varias "irregularidades" en las contrataciones, que reportaron a Movilma en el periodo analizado un total de 4.000 millones de pesetas (24 millones de euros.

Las mismas fuentes explican que entre las anomalías destacan la falta de respeto a la libre concurrencia o a la publicidad de los concursos, siempre en beneficio de Movilma. La sindicatura constata que para algunos contratos pujaban sólo varias empresas del mismo grupo, que compartían incluso el mismo domicilio social (Movilma, Construcciones Euro 3 y Montaje, Vigilancia y Mantenimiento). El trabajo señala también que Movilma inició muchas de sus obras antes de obtener la adjudicación -en algún caso, obras importantes concluyeron sólo tres días después de ganar formalmente el concurso-, y algunos de los trabajos realizados no se corresponden con las facturas presentadas, según fuentes de la sindicatura.

La aprobación del informe en el pleno de esta institución fue acogido con satisfacción por los diputados de CiU y el PP en el Parlament, quienes automáticamente exigieron a Maragall que asuma de inmediato responsabilidades por su gestión al frente del Ayuntamiento, sin precisar qué gesto le demandan. El portavoz de CiU, Ramon Camp, emplazó a Maragall a "dar la cara". "Ahora exigimos a Maragall que diga qué responsabilidades asume y cómo las afrontará porque creemos que ha de dar alguna respuesta".

El diputado del PP Josep Maria Fabregat instó a Maragall a tener "autoexigencia" y a "aplicarse responsabilidades políticas". A su juicio, las "irregularidades" apuntadas por la sindicatura son "de mucha gravedad".

Más cautos fueron Esquerra Republicana (ERC) e Iniciativa per Catalunya, aunque ambos advirtieron de que estudiarán a fondo el informe antes de decidir si exigen responsabilidades. Francesc Ferrer Gironès (ERC) criticó no obstante la "poca transparencia" en la gestión de Maragall en el Ayuntamiento.

El PSC, en cambio, se mostró "satisfecho" por el informe. Su portavoz, Miquel Iceta, aseguró que "no aporta nada nuevo" y recordó que el juez no encontró indicios de delito y archivó el caso en su día.