Jiménez Villarejo envía al juzgado 32 la investigación sobre César Alierta

El fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, envió ayer un oficio al juez Juan Luis Rodríguez Pons, titular del juzgado de instrucción número 32 de Madrid, por el que aporta las diligencias relacionadas con la investigación de las actuaciones de César Alierta, ex presidente de Tabacalera y actual de Telefónica, su esposa y el sobrino de esta última, por un presunto delito de uso de información privilegiada en la compraventa de acciones de Tabacalera en 1997 y 1998. El oficio también informa al juez de que la Fiscalía Anticorrupción ha sido autorizada por el Fiscal General del Estado para asumir la competencia en el juzgado 32 en sustitución de la fiscal de Madrid, Pilar Melero.

En la documentación enviada se aportan tres tomos que contienen todas las diligencias realizadas por la Fiscalía Anticorrupción entre enero y noviembre de 2002, y su conclusión, el proyecto de querella contra Alierta y sus dos familiares. Otro archivador incluye el expediente abierto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y un quinto las inscripciones registrales de las sociedad Creaciones Baluarte, Barnsley y otras.

Asimismo, se añade el escrito del Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, del viernes 13 de diciembre, por el cual señalaba que no se reunían los elementos del delito de uso de información privilegiada y las alegaciones presentadas por Alierta ante dicha Fiscalía General antes de que Cardenal emitiera su opinión. También se incluye una comunicación del Comisionado de Tabacos y un escrito de Jesús Ybarra, ex jefe de inspección de la CNMV.

El juez Rodríguez Pons será ahora quien deberá definir si procede o no admitir una querella presentada por la asociación de consumidores AUGE, basada en datos que ya contenía el proyecto de Anticorrupción.

Tres dictámenes

César Alierta, por su parte, ha encargado su defensa en el juzgado 32 a un equipo de tres abogados: Luis Suárez de Leso, Antonio González Cuéllar y Gonzalo Rodríguez Mourullo.

Con todo, la citada defensa sólo empezará como tal una vez que el juez Rodríguez Pons decida sobre la admisión a trámite.

Asimismo, tres catedráticos de derecho penal han elaborado, a petición de Alierta, dictámenes en derecho sobre la operación de Tabacalera en 1997 y 1998 y el tipo penal del uso de información privilegiada. Los autores son Horacio Oliva, Fermín Morales, y el propio Rodríguez Mourullo.

Hasta que el juez decida tanto sobre si es competente como si admite la querella, la Fiscalía Anticorrupción no podrá actuar, según la carta del Fiscal General al fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción del pasado 13 de diciembre. Las divergencias entre ambas fiscalías conocerán un punto de fricción importante a partir de la decisión del juez.