Dos asociaciones de consumidores rompen los contratos preelectorales que firmaron con el PSOE

"Siempre recomendamos a los consumidores que rompan los contratos firmados con aquellas empresas que no cumplen y, por coherencia, nosotros tenemos que hacer lo mismo", argumentaba ayer Francisco Sánchez Legrán, presidente de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (Facua), para explicar la ruptura del contrato-programa que firmó con el PSOE andaluz antes de las elecciones autonómicas de 2000. La Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa Al-Ándalus también da por finalizado su acuerdo pre electoral.

Los dirigentes de Facua y Al-Ándalus aseguran que sus relaciones con la Junta dieron un giro de 180 grados después de firmar, en febrero de 2000, un contrato con el PSOE de Andalucía para impulsar las políticas de consumo en la comunidad. En el mandato anterior, sin acuerdo escrito, el Gobierno andaluz se había situado "en la vanguardia" en esta materia, según María Ángeles Rebollo, secretaria general de Al-Ándalus. "Al firmar aquel contrato sólo pretendíamos formalizar un entendimiento y un trabajo que ya se hacía".

Tras la victoria electoral, sin embargo, el PSOE "no sólo no se preocupó por cumplir los acuerdos, sino que ha estado haciendo todo lo contrario de lo que había firmado", asegura el presidente de Facua. Los dos contratos electorales, firmados por el presidente de la Junta y secretario general de los socialistas andaluces, Manuel Chaves, recogían diez puntos, y, según las dos asociaciones de consumidores, el incumplimiento afecta a los cinco más importantes.

El primero de ellos, la elaboración del Plan Estratégico de Protección al Consumidor, que según el convenio, debía ser "consensuado con todos los agentes sociales". Este plan fue aprobado el pasado 21 de mayo, pero Facua y Al-Ándalus insisten en que se desarrolló "a espaldas" de las asociaciones de consumidores y "sin atender ninguna de sus peticiones fundamentales".

Asimismo, las dos asociaciones le reprochan a los socialistas no haber contado con ellos para elaborar el proyecto de Ley de protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, aprobado ya por la Junta y cuyo texto, en opinión de Facua y Al-Ándalus, es "prácticamente igual" que el de la ley vigente, de 1985. Las asociaciones de consumidores acusan también a los socialistas de incrementar el "intervencionismo" de la Administración en el mercado en vez de impulsar el papel de las asociaciones de consumidores, que era otro de los compromisos adquiridos.

Los socialistas acordaron también actualizar el papel de las Oficinas Municipales de información al Consumidor (OMIC) de forma que, según Facua y Al-Ándalus, los Ayuntamientos asumieran más competencias en el control del mercado mientras que la tarea de atender las consultas y reclamaciones de los consumidores se dejaría en manos de la sociedad civil. Sin embargo, según las dos asociaciones, desde la Junta "se está impulsando la competencia desleal" entre las oficinas municipales y las asociaciones de consumidores.

A pesar de las duras críticas de los dirigentes de las dos asociaciones a las políticas de consumo de la Junta, ambos reconocieron que en los dos últimos años han firmado convenios con algunas consejerías, por lo que no pretenden "romper relaciones" con la el gobierno andaluz. "Sólo rompemos un contrato con el PSOE porque no ha cumplido", subrayó Sánchez Legrán, "pero esperamos seguir trabajando juntos".

En la misma línea se manifiesta la Consejería de Gobernación, a la que está adscrita la Dirección General de Consumo. El consejero, Alfonso Perales, solicitó ayer mismo comparecer ante el Parlamento para explicar las relaciones entre la Junta y las asociaciones de consumidores. Fuentes de su consejería subrayaron que en 2002 se han firmado 250 contratos con asociaciones de consumidores, 76 más que el año pasado.