La Generalitat impulsa un cambio de la ley para controlar a los jurados de expropiación

El Gobierno catalán prepara una reforma de la ley para controlar a los presidentes de los jurados de expropiación de las cuatro provincias catalanas. Ahora son magistrados designados por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), pero el cambio legal pretende que sean "juristas de reconocido prestigio" nombrados por la propia Generalitat, que es el organismo que hasta ahora designa a los cuatro vocales del jurado. La reforma legal ha causado malestar en algunos sectores de la judicatura, que lo consideran una intromisión del poder político.

El jurado de expropiación de Cataluña está regulado en una ley de 1995. Se trata de un tribunal no jurisdiccional, que realiza funciones administrativas, pero que adopta decisiones trascendentales para los afectados por procesos de expropiación, como el precio que han de recibir o la forma de cobro. Pese a que esas decisiones están sometidas a la tutela judicial y los afectados pueden reclamar por la vía contencioso-administrativa, los acuerdos del jurado de expopiación no son fácilmente modificables por la justicia ordinaria, que tarda años en pronunciarse.

En Cataluña funciona un jurado de expropiación en cada provincia. El artículo 76 de la ley que lo regula establece que lo presidirá un magistrado, que únicamente percibe unas dietas por este trabajo, pues habitualmente se trata de un juez que forma parte de un tribunal ordinario. El de Barcelona, por ejemplo, lo preside el magistrado de la sala de lo social del TSJC Jordi Agustí.

La reforma impulsada por el Gobierno catalán figura en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para el año próximo, que empezará a discutir el Parlament a partir de mañana. El cambio plantea que un jurista de reconocido prestigio, en lugar de un magistrado, pueda ocupar la plaza de presidente del jurado y la de suplente. Ambos serían designados por el Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales de la Generalitat, que es el que presta a los jurados de expropiación forzosa el apoyo administrativo para su funcionamiento. El tribunal está compuesto también por cuatro vocales: un letrado del cuerpo de la Generalitat, un técnico designado por el departamento afectado por el bien expropiado, otro de las organizaciones empresariales y un notario.

El grupo parlamentario Socialistes-Ciutadans pel Canvi ha presentado una enmienda solicitando la retirada de la reforma. "No hay nada que justifique el cambio, a no ser el deseo de controlar al jurado. Nosotros creemos que si lo preside un magistrado ofrece más garantías, porque el prestigio que se exigirá al jurista es un término muy subjetivo", aseguró ayer el diputado Àlex Masllorens. La reforma legal ha provocado también el malestar en algunos sectores de la judicatura que no entienden tampoco la necesidad del cambio. Masllorens asegura que el motivo no es otro que "colocar" a un abogado cercano a la coalición nacionalista y adscrito a un importante despacho de abogados de Barcelona.

En la exposición de motivos, la Generalitat justifica la reforma "para ajustarse a la doctrina del Tribunal Constitucional", un criterio que Masllorens rechaza de plano. "La jurisprudencia no dice eso y, además, en la ley española, el jurado lo preside también un magistrado". La reforma de la ley fue ideada por la actual consejera de Justicia e Interior, Núria de Gispert, cuando estuvo en Gobernación.