Piqué da un ultimátum a las compañías para que desarrollen la telefonía móvil UMTS

El Gobierno no quiere un nuevo fiasco en la telefonía de tercera generación (UMTS), que permitirá transmitir vídeos y la navegación rápida por Internet, que lleva un retraso de dos años. El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha dado un ultimátum a las empresas de móviles para que presenten esta misma semana un plan con los plazos concretos de despliegue de red y la inversión para poner en marcha Internet por el móvil. De no ser así, retirará la oferta de liberar los avales por 6.000 millones de euros que pesan sobre las compañías que ganaron las licencias.

El ministro de Ciencia y Tecnología ofreció en octubre rebajar de 7.000 a 1.000 millones de euros los avales exigidos como garantía de cumplimiento de los compromisos adquiridos para la obtención de las licencias de tecnología de tercera generación (UMTS), que ganaron Telefónica Móviles, Vodafone, Amena y Xfera. A cambio, exigió a las compañías que se comprometieran a mantener las inversiones para la nueva tecnología, que ya acumula retrasos.

Pero, después de un mes y medio de negociaciones entre el Ministerio y las compañías de móviles sin ningún resultado, Piqué ha decidido lanzar un ultimátum: cada una de las compañías debe presentar esta semana por escrito un plan de desarrollo de la tecnología UMTS. Si no es así, retirará la oferta de liberar los avales por 6.000 millones de euros que pesan sobre las compañías que ganaron las licencias, según informaron fuentes de la negociación

Plazos e inversiones

En ese plan deben figurar varios aspectos concretos. Entre ellos, los siguientes: los plazos en los que cada operador puede garantizar servicios de Internet a través del móvil, independientemente de que se lleve a cabo bajo tecnología UMTS o la actual GPRS; el compromiso detallado de las inversiones que se van a realizar en el despliegue de la red o en los nuevos servicios y, por último, los plazos para ofrecer cobertura en todo el territorio nacional.

En el capítulo de inversiones, el Ministerio de Ciencia y Tecnología se muestra flexible sobre el despliegue de la red, permitiendo que se compartan las infraestructuras. Pero desea que ese ahorro redunde en inversiones en aplicaciones y servicios concretos. Aunque el Ministerio no ha dado un plazo preciso, desea que la implantación de Internet móvil se realice a lo largo del año 2003. Una vez estén listos los planes, el Ejecutivo llevará a cabo una reforma legislativa que libere a Telefónica Móviles, Vodafone, Amena y Xfera de gran parte de los avales con que garantizaron sus compromisos cuando ganaron el concurso, en marzo de 2000.

En ese concurso, las compañías se comprometieron a invertir en 10 años 16.296 millones de euros, respaldados por avales de más de 7.000 millones. El problema precisamente radica en que gran parte de esos avales vencen a comienzos de 2003, sin que se hayan podido cumplir los compromisos.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología aprovechará también la reforma legislativa para adaptar el calendario definitivo de despliegue del UMTS. Según las bases del concurso, debía haberse puesto en marcha comercialmente en agosto de 2001 y se aplazó hasta junio de este año, aunque hasta el momento sólo se han realizado pruebas técnicas y ninguna de las compañías tiene fecha para el lanzamiento comercial. El retraso afecta a toda Europa.

Compromisos

Entre los compromisos de las operadoras que ganaron el concurso estaba también la creación de 36.350 puestos de trabajo directos en 10 años, que tampoco se va a poder cumplir.

Estas medidas suponen un respiro financiero para las compañías, al que podría sumarse la posibilidad de vender las frecuencias, decisión que puede tomarse conjuntamente con las autoridades comunitarias.

Las operadoras piden además que se facilite la compartición de infraestructuras, al considerar que la existencia de cuatro redes, con 9.000 estaciones base cada una, como se contemplaba en el concurso, no es viable ni comercial ni económicamente y que la licencia, que tiene un plazo de vigencia de 20 años, cuente a partir del momento en que entre en servicio.

Además del desarrollo de la sociedad de la información, el Gobierno desea evitar que continúe la caída de la inversión en el sector de las telecomunicaciones, que el pasado año fue del 19%.