La oposición pide consenso sobre Ca Revolta para evitar denuncias

El portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia, Rafa Rubio, pidió ayer al Ayuntamiento y a Ca Revolta una solución de "consenso" para mantener la actividad del centro y evitar molestias a los vecinos, dos de los cuales interpusieron denuncias por ruidos. Un juzgado de Valencia ha dictado una sentencia que obliga al Consistorio a indemnizar a los denunciantes con 6.012 euros por daños morales al no haber ejecutado una resolución de mayo de 2001 de cierre del Centro de Recurso Just Ramírez, conocido como Ca Revolta. Rubio apuntó que Ca Revolta "ha supuesto un punto muy importante de actividades y de encuentros", por lo que "es necesario" que el problema se resuelva "desde la vía del diálogo y del consenso". El concejal del Grupo Mixto, Manuel Ibáñez, comentó que "los responsables políticos del Ayuntamiento deben asumir la importancia de Ca Revolta" y pidió su colaboración para zanjar el conflicto.

Mientras, Ca Revolta informó en un comunicado que ha recurrido la sentencia, y que lo mismo hará el Ayuntamiento de Valencia, por lo que de momento se descarta el cierre. El centro subraya que cuenta "con el apoyo de la mayoría de los vecinos de Velluters" y de los que viven cerca de Ca Revolta, frente a las denuncias de dos afectados. Ca Revolta afirma que especificó que organizaría actuaciones en directo cuando pidió la licencia de obras y actividades y que se han solventado las objeciones de los técnicos del Ayuntamiento, incluido un limitador de sonido. También explica que cumplió la orden de cierre de 2001 y cerró durante julio, agosto y la primera quincena de septiembre, y mientras tramitó la licencia de apertura. Al no recibir respuesta, Ca Revolta la dio por concedida al amparo de la ley de actividades cualificadas de la Generalitat. En este sentido, Acció Cultural denunció que el retraso de la licencia representa "una forma de censura política i cultural sin precedentes".