Amnistía Internacional recoge cuatro casos de racismo a manos de fuerzas de seguridad en territorio valenciano

El informe de Amnistía Internacional España: Crisis de identidad, realizado a raíz de la campaña Ponte en su piel, también en la red (www.ponteensupiel.org), incluye cuatro casos de malos tratos de origen racista a manos de fuerzas de seguridad ocurridos en la Comunidad Valenciana, según dio a conocer ayer la presidenta autonómica de la organización, Carmen Soto. Los casos a los que se refiere el informe ocurrieron entre los meses de junio y diciembre del año 2000, a los que se une otro, de1995 resuelto tres años después con la condena impuesta a dos policías locales de Orihuela.

El informe de Amnistía Internacional relata el traslado de un grupo de nigerianos desde el centro de detención de Sangonera al aeropuerto de Alicante. "El autobús se dividía en diez compartimentos y los nigerianos fueron presa del pánico al verlo", señala el texto. El grupo la emprendió a patadas, mordiscos o practicó la resistencia pasiva, añade. Uno de los ocho nigerianos acabó con un brazo roto, una lesión grave en el ojo derecho y una herida en la cabeza. En Orihuela, tal como recoge el informe, cinco guardias civiles fueron acusados de abuso de autoridad y explotación sexual de inmigrantes en un club con mujeres, a cambio de proteger el establecimiento. Tras el juicio por cohecho y omisión del deber de socorro, los guardias civiles fueron absueltos, "pero en ningún caso fueron juzgados por abuso de autoridad y explotación sexual", indica el texto de Amnistía Internacional.

La condena a dos policías locales, también en Orihuela, llegó tres años después de que un trabajador agrícola de origen marroquí fuera secuestrado y golpeado. En su denuncia explicaba que los agentes le habían dado una paliza y lo habían dejado inconsciente en una zona desierta, al parecer sin otra motivación que su origen racial.

Amnistía Internacional considera que los malos tratos a manos de policías son "frecuentes y generalizados", pero que sólo una pequeña parte de los casos dan pie a una denuncia judicial. Además, la organización atestigua que varias denuncias han sido posteriormente retiradas por miedo a poner en peligro una solicitud de permiso de trabajo y de residencia dando publicidad a los malos tratos infligidos por funcionarios públicos.

Un ejemplo sería el caso de A.E. M., un trabajador marroquí al que presuntamente golpearon bajo custodia policial en diciembre del año 2000 en Alicante, mientras estaba esposado y tras haber sido detenido como sospechoso de robo y de ocupación ilegal de una cabaña ubicada junto a una obra en la que trabajaba. El informe médico señala que presentaba contusiones en la zona ocular y en parte de la cabeza, pero no presentó denuncia.