La fiscal recomienda admitir a trámite la querella contra Alierta

La fiscal Pilar Melero, adscrita al juzgado de instrucción número 32 de Madrid, elevó ayer al juzgado informe favorable a admitir a trámite una querella criminal presentada por la Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Generales (AUGE) contra el ex presidente de Tabacalera y actual presidente de Telefónica, César Alierta; su esposa, Ana Cristina Placer, y su sobrino Luis Javier Placer, por un presunto delito de uso de información privilegiada.

También se dirige la acción penal contra el ex jefe de la asesoría jurídica de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Antonio Alonso Ureba por un presunto delito de prevaricación de funcionario público

El escrito, de folio y medio señala que los hechos descritos en el escrito de querella tienen la apariencia de revestir hechos delictivos y que, asimismo, el ámbito donde se habrían producido es Madrid.

La fiscal recomienda también al juez la fijación de una fianza para que AUGE pueda actuar en la causa. La citada organización no es perjudicada y pretende ejercer la acción popular.

El juzgado 32 recibió la querella por reparto del juzgado decano de Madrid. El juez Juan LuisRodríguez Pons, titular del juzgado, dictó un auto para incoar diligencias previas el pasado lunes 2 de diciembre y remitió testimonio de la querella a la Fiscalía Anticorrupción, que se lo había solicitado, al tiempo que pidió informe a la fiscal.

Proyecto de querella

La querella de AUGE se basa en los datos de un proyecto de querella enviado por la Fiscalía Anticorrupción a la Fiscalía General del Estado el 14 de noviembre pasado para su aprobación. El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, que sigue sin pronunciarse, decidió estudiar personalmente el expediente.

Alierta y sus familiares son acusados de obtener un beneficio de 309 millones de pesetas en la compraventa de acciones de Tabacalera mediante el presunto uso información privilegiada entre los meses de junio de 1997 y febrero de 1998. Alierta era entonces presidente de la citada sociedad.

A su vez, Alonso Ureba, que no figuraba en el proyecto de querella de la Fiscalía Anticorrupción, es acusado de un delito de prevaricación de funcionario público. A raíz de la citada compraventa de títulos, la CNMV, cuyo presidente era Juan Fernández-Armesto y su vicepresidente, Luis Ramallo, abrió un expediente. Tras realizar diligencias, consideró que no existían indicios de irregularidades y procedió a archivarlo. Alonso Ureba era entonces jefe de la asesoría jurídica de la CNMV. Cuando Alierta pasó a la presidencia de Telefónica contrató a Alonso Ureba como secretario del consejo de administracíón de la compañía.

Será ahora el juez Rodríguez Pons quien tendrá que resolver si se declara competente y si admite a trámite la querella.