Álvarez acusa a Cajasur de primar al PP y a Castillejo sobre el interés general de los cordobeses
El PSOE rechaza las contradicciones de Jordano sobre la vinculación de la caja a la Iglesia
Magdalena Álvarez, consejera de Economía y Hacienda, acusó ayer al Partido Popular y a Miguel Castillejo, presidente de Cajasur, de "estar dispuestos a sacar el sudor y la sangre" a la caja a costa de los cordobeses. La consejera exigió a Diego Jordano, responsable de los servicios jurídicos de la entidad financiera, que dejase de "inventar subterfugios" para impulsar los intereses "oscuros e indefendibles" del PP y de Castillejo. Álvarez desmintió que la Diputación hubiese perdido la condición de fundadora de Cajasur al realizarse una fusión por absorción.
La consejera negó también que la Iglesia hubiese cedido un 5% de representación en los órganos de gobierno de la caja: es un invento de Jordano, aseguró, "que en ese momento estaba en el Congreso de los Diputados representando al PP, por lo que no tiene ni idea de lo que entonces se decidió".
La consejera sugirió a Jordano que, si tal y como decía en su comunicado del viernes, cree ilegal el decreto que aprobó el Consejo de Gobierno el 3 de diciembre (que determina que todas las entidades fundadoras de Cajasur hayan de decidir si Cajasur se adhiere o no a la Ley Financiera), "que lo recurra". Añadió que, si el problema está en la retroactividad, la caja tendrá que respetar el contenido del decreto en la Asamblea del 28 de diciembre.
Esto significa que los nuevos estatutos de Cajasur (que reducen el peso de la Diputación y los Ayuntamientos en los órganos de gobierno de la caja, a la vez que aumentan la presencia de los miembros del Cabildo Catedralicio) habrán de someterse a la supervisión de la Junta una vez las apruebe la Asamblea, la única facultada para darles validez. Dado que el decreto ya está aprobado, la caja no puede adherirse a la Ley Financiera, y por tanto acogerse a la tutela del Ministerio de Economía, sin permiso de la Diputación.
José Antonio Ruiz Almenara, secretario provincial del PSOE en Córdoba, hizo hincapié en otro aspecto del comunicado de Jordano, el referido a la relación existente entre Cajasur y la Iglesia. Consideró muy contradictorio que la caja defienda su autonomía respecto a la Iglesia cuando antes resaltaba como singularidad su pertenencia al Cabildo. "Eso les ha permitido eludir controles y compromisos con instituciones andaluzas, y ahora son ellos mismos los que retiran a Cajasur de la Iglesia. Al final", opinó, "Castillejo terminará diciendo 'la caja es mía'; se caen todos los planteamientos filosóficos, en particular el del humanismo cristiano, y sólo queda una ambición descontrolada".
Para Andrés Ocaña, coordinador de IU en Córdoba, las palabras de Jordano son "una falta de memoria y de respeto". Cuando se debatía la Ley de Cajas andaluza, recordó, "Cajasur movilizó a Córdoba en defensa de su singularidad, diciendo que los derechos de la Iglesia debían respetarse". Ocaña afirmó que "no es de recibo que los seis canónigos se desmarquen de la Iglesia; no se puede usar en cada momento el argumento más conveniente". El principal aludido en el comunicado de Jordano, Javier Martínez, obispo de Córdoba, no se ha pronunciado al respecto.
José María Bueno Lidón, presidente de El Monte, expresó ayer sus dudas respecto a si Cajasur es o no fundación de la Iglesia. Destacó que no se puede "sustraer a una caja que capta el ahorro andaluz del control de la Junta" basándose en "una pretendida fundación por parte de la Iglesia". El Monte de Piedad de Córdoba era, explicó Bueno Lidón, "el Monte del señor Medina", el arcediano de la Catedral en su momento, no del Cabildo ni del Obispado. A su juicio, "Cajasur es resultado de dos entidades, y la otra la había fundado la Diputación".
Críticas de Vallejo
Por su parte, Rafael Vallejo -que fue presidente de la Diputación de Córdoba de 1991 a 1995 y uno de los pilares del guerrismo en el PSOE andaluz- dijo que fue Manuel Chaves quien "entregó la Caja Provincial a costa de que desapareciera la entidad fundadora pública, por lo que no tiene sentido que ahora se queje". Vallejo agregó que Chaves firmó la entrega de la Caja Provincial y Cajasur hizo "lo que quería: engullir una propiedad pública y engordar gratis; bueno, gratis que se sepa, porque hay otros entresijos". Según él, desde la Junta y la propia caja reventaron una fusión entre Unicaja y la Caja Provincial "por intereses mezquinos, que no voy a decir cuales son todavía, porque deben ser quienes lo hicieron y se llevaron el dinero los que lo expliquen".
Por último Vallejo quiso dejar claro que le separa la misma distancia del presidente de Cajasur, Miguel Castillejo, que de Chaves y el PSOE, "con lo que me da igual que se acosen entre ellos, porque son iguales".
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
- Magdalena Álvarez
- Declaraciones prensa
- VI Legislatura Andalucía
- Consejerías autonómicas
- Cajasur
- Financiación autonómica
- Parlamentos autonómicos
- PSOE
- Junta Andalucía
- Cajas ahorro
- Gobierno autonómico
- PP
- Partidos políticos
- Parlamento
- Andalucía
- Política autonómica
- Comunidades autónomas
- Política económica
- Finanzas públicas
- Gente
- Administración autonómica
- Proceso judicial
- Empresas
- Banca
- Política municipal