Guerra urbanística en el 'marge calent'

Donde se había previsto una calle amplia y abierta, se construye estos días un simple paso de peatones, angosto y cerrado a ratos. Y donde se había previsto un jardín público, una tapia de inusitada altura oculta un jardín privado. Todo se hace, naturalmente, con la aquiescencia de la autoridad municipal: "Cualquier otra solución nos habría llevado a una guerra", justifica Carles Martí, concejal del distrito de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona.

Esa guerra, pese a todo, existe: se libra en un paraje que los viejos títulos de propiedad identifican como el marge calent y que sitúan en lo que hoy es la parte alta de la calle del Doctor Roux, justo en el punto en que esa vía pierde su carácter público y deviene propiedad privada, impidiendo de esta forma el acceso directo al cementerio de Sarrià por el sur que prevé el Plan General Metropolitano (PGM). Ya es sabido que las previsiones del PGM son sólo eso, previsiones, y que en ocasiones su desarrollo está sujeto a múltiples circunstancias: las prioridades de la política municipal, por ejemplo, o los intereses de los propietarios del terreno.

Curiosamente, esa guerra surge de un pacto que las partes sellaron con un efusivo apretón de manos

Los propietarios tienen sus pisos, pero la ciudad no tiene la calle ni el jardín previstos en el pacto

Curiosamente, la guerra del marge calent surge de un pacto que las partes seguramente sellaron con un efusivo apretón de manos, al que antecedió, como exige cualquier documento público, la firma autógrafa de las 10 personas intervinientes. Por una parte, Antoni Lucchetti Farré, en su calidad de concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona; por otra, los propietarios Emilia, Lourdes, Manuel, Arola y Begoña Farré Torras; Isabel y Javier Farré Fernández-Urrutia, Ramon Ticó Vilarrasa y Montserrat Farré Raventós. Era el 3 de octubre de 1994, lunes, y esas nueve personas se declararon "titulares registrales", en distintas proporciones, de las tres fincas (A, B y C, véase gráfico) afectadas por el "convenio urbanístico" que acababan de firmar.

Lo que venía a decir -y dice- el convenio es que los propietarios podrían construir los dos bloques de viviendas que pretendían levantar a cambio de ceder al Ayuntamiento la porción de las fincas A y C a las que el Plan General Metropolitano otorgaba la calificación "6b" -zona verde de nueva creación- y "5" -vial. En total, 2.440 metros cuadrados para zona verde de carácter público y otros 199,2 para vial, que los propietarios declaraban ceder "gratuitamente, libres de cargas, gravámenes, arrendatarios y ocupantes". Con una sola condición: "La obtención de las licencias de edificación" de los dos bloques aludidos.

La prolongación hasta el cementerio de la calle del Doctor Roux exigía contar, además, con un terreno (222 metros cuadrados, calificados como vial) perteneciente a la finca B, en el que había -y hay aún- una esplendida piscina particular que, lógicamente, habría que sacrificar. Para la transmisión al Ayuntamiento de esos 222 metros cuadrados -y de otros 120 afectados como zona verde- se optó por la expropiación, aceptando los propietarios las contrapartidas ofrecidas por la autoridad municipal.

Ocho años después, los propietarios han levantado los inmuebles que pretendían, pero la ciudad carece de la calle y del jardín público previstos en el convenio. Y no parece que vaya a tenerlos, cuando menos a corto ni a medio plazo. Excepto en lo concerniente a las mencionadas licencias de edificación (otorgadas con escrupulosa puntualidad), el Ayuntamiento no ha cumplido ninguna de las condiciones que el convenio le exigía para ocupar los terrenos destinados a vial y zona verde: ni ha elaborado y aprobado el preceptivo proyecto de urbanización ni, mucho menos, ha aprobado la indispensable dotación económica para llevarlo a cabo. En su lugar, representado en esta ocasión por Carles Martí, concejal del distrito de Sarrià-Sant Gervasi, ha suscrito un segundo convenio con los propietarios por el que éstos "otorgan una servitud de paso peatonal perpetua y pública a favor del Ayuntamiento". De "5 metros de ancho y 46 de largo", este paso de peatones enlazará la calle del Doctor Roux con la puerta sur del cementerio de Sarrià a través de un trazado en diagonal que salva la piscina particular que la prolongación de la calle prevista en el primer convenio -y en el PGM- habría hecho desaparecer. Nada se dice, en este nuevo acuerdo, sobre el terreno destinado al jardín público previsto en 1994, que seguirá, por tanto, en manos privadas.

Ese segundo convenio se firmó el 13 de diciembre de 2001, un hecho cuando menos sorprendente si se tiene en cuenta que entonces el Ayuntamiento no sólo había decidido prolongar la calle del Doctor Roux hasta el cementerio y ordenar la repetida zona verde, sino que incluso había fijado una fecha para el inicio de las obras: "Antes del 31 de diciembre de 2001". Así consta en un tercer convenio, suscrito éste por el concejal Martí con los propietarios de los inmuebles situados al norte del cementerio, después que éstos denunciaran las presuntas irregularidades urbanísticas cometidas por el propio Ayuntamiento con la apertura de una segunda puerta de acceso al recinto funerario.

Atrapado entre dos fuegos, el concejal Martí buscó una solución de compromiso con el propósito de que "todo el mundo" quedara contento. De ahí ese sorpresivo convenio que prevé la apertura de un simple paso de peatones allá donde se había dibujado una calle. "Es un convenio para gestionar la provisionalidad. Cualquier otra decisión habría ocasionado una guerra; y en lugar de tener solucionado el problema de los accesos al cementerio de Sarrià habríamos tenido un fantástico contencioso. Está claro que los propietarios del lado sur iban a oponerse a la apertura de la calle. Y además de tener ganas, los medios para hacerlo no les faltan".

No parece que Martí se equivoque. Obtenidas las licencias y construidos los pisos, Montserrat Farré Raventós dice ahora que el convenio que ella y otros ocho propietarios firmaron en 1994 "no es válido, no es oficial". Y, a regañadientes, acepta el que, también con su firma, se formalizó en 2001 y que obliga a los actuales propietarios a abrir a su costa aquel paso de peatones oblicuo que salva la piscina y, además, a pagar el asfaltado del camino del cementerio, un viejo sendero que tenía que desaparecer en el mismo instante que se abriera la prolongación de la calle del Doctor Roux y que ahora, vuelto a la vida, absorberá el tráfico rodado que se dirija al cementerio.

Todo este embrollo le produce enorme "tristeza" a la señora Farré Raventós porque lo que la ha obligado -a ella y al resto de propietarios, claro- a construir el paso de peatones -a su juicio "totalmente innecesario"- y a asfaltar el viejo camino -una "chapuza", dice- es la "cobardía" de los políticos. "La gente empieza a gritar y los políticos se acobardan, y eso me produce mucha tristeza", concluye la señora Montserrat. Lo que ella percibe como gritos no son más que las denuncias por supuesta infracción urbanística de quienes se oponen a la apertura de la puerta norte. Son esas denuncias las que han desempolvado aquel convenio de 1994 del que nadie parecía acordarse.